Entre otras medidas, en 2018 se realizaron un millar de inspecciones para detectar extracciones ilegales de agua, con 328 actas de denuncia
El Gobierno ha reiterado este jueves que trabajará en la coordinación entre administraciones para garantizar la protección de Doñana tras haber recibido con «preocupación» la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), en el marco de un procedimiento formal de infracción que arrancó en 2014.
La CE ha denunciado a España ante el TUE por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de aguas subterráneas que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales, unos hechos que suponen una vulneración de la legislación comunitaria sobre agua y en materia de protección de la naturaleza, respectivamente.
Bruselas ha decidido dar el último paso tras el dictamen motivado enviado a las autoridades españolas en abril de 2016 dentro del procedimiento de infracción que abrió en 2014, preocupada por la posibilidad de que la situación de los humedales «se deteriore aún más».
Por su parte, el Gobierno, que recibió el procedimiento el pasado mes de junio, ha subrayado que analizará con «detenimiento» la información facilitada por la Comisión y buscará «la mejor sintonía y colaboración» con el resto de administraciones para articular soluciones que garanticen «la protección de un espacio natural de la importancia y singularidad de Doñana, en estricto cumplimiento con la legalidad vigente».
El Ministerio para la Transición Ecológica ha recordado que está «intensificando» está intensificando las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana, según un comunicado del departamento que dirige Teresa Ribero.
En este sentido, ha señalado que, entre otras acciones, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) elevará a la próxima a la Junta de Gobierno, el máximo órgano participado de usuarios del agua y los representantes de las administraciones central, autonómica y local, la declaración de las masas de agua subterránea del entorno de Doñana (La Rocina, Almonte y Marismas) «en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo».
Esta declaración permitirá «un mayor control de la gestión del agua subterránea» y abrirá la posibilidad de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pueda modificar los volúmenes autorizados en momentos de especial afección, como por ejemplo son los períodos de sequía. Asimismo, asegurará que los aprovechamientos se ciñen a los planes existentes y permite adaptar las extracciones a las posibilidades de cada momento.
Además, Doñana será parte fundamental del Tercer Ciclo de la Planificación Hidrológica, que acaba de comenzar su fase de tramitación. Esta cuestión se incluirá en el Esquema de Temas Importantes (ETI), lo que asegura que Doñana sea objeto de un análisis especial para garantizar una conservación adecuada de sus aguas subterráneas tanto en el futuro inmediato como en el largo plazo.
Pozos ilegales
En el marco de las medidas puestas en marcha, desde Transición Ecológica se ha recordado que en 2018 se han realizado un millar de inspecciones para detectar extracciones ilegales de agua, la principal amenaza a los acuíferos, y se han levantado 328 actas de denuncia.
Paralelamente, se han realizado tareas para ejecutar las decisiones judiciales de cierre de extracciones ilegales y, en estos momentos, por ejemplo, se está tramitando el cierre de otros 77 pozos de titularidad municipal en Lucena del Puerto, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En este mismo marco, ha indicado que la Comisaría de Aguas del Guadalquivir se verá reforzada con más medios con el objetivo de impulsar la tramitación de expedientes y sanciones y, asimismo, se ha consolidado la coordinación con la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, en las tareas de inspección, y se ha estrechado la colaboración con la Junta de Andalucía, las empresas eléctricas, las entidades conservacionistas y administraciones locales, para reforzar la lucha contra el uso ilegal del agua.
Además de todas estas medidas, se han llevado a cabo otras de manera paralela encaminadas a posibilitar la sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales en 496 hectáreas de regadío en El Condado (Huelva), lo que ya ha permitido la clausura de 300 pozos.
Igualmente, en el cortijo de Los Mimbrales, finca adquirida por el Estado en la Corona Forestal de Doñana y a la que le corresponden un volumen de 6,8 hm3/año de derechos de extracción de aguas, asociados a sus 922 hectáreas, se está elaborando un plan de reforestación y planificación de usos que asegurarán de forma fehaciente el ahorro de esos hectómetros cúbicos, con el consiguiente alivio del acuífero.
