La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha acogido este miércoles la segunda sesión del juicio a un entrenador de fútbol de categorías inferiores acusado por presunto acoso sexual y conversaciones de dicha índole con 25 menores y por abusar de uno de ellos.
Así, han declarado seis de las víctimas, que han ratificado las versiones que han venido manteniendo.
Los testigos, que a día de hoy ya son mayores de edad, han declarado tras un biombo para no tener contacto visual con el acusado, que se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 100 años y siete meses de prisión al estar acusado de 56 delitos.
La letrada de la acusación particular Sagrario Nieto ha señalado a los periodistas tras la sesión del juicio que estos jóvenes han ratificado «con total coherencia» la denuncia que habían interpuesto y ha incidido en que «como están contando su verdad no hay ningún tipo de incongruencia entre las declaraciones de la fase de instrucción y ahora en el juicio».
Así, ha indicado que «han hablado de que han tomado conciencia de lo que les ocurrió en su momento», aunque la letrada ha insistido en mantener la privacidad de las manifestaciones realizadas, ya que el juicio se celebra a puerta cerrada precisamente por el tipo de víctimas y de delitos de los que se trata.
Por su parte, el letrado del acusado, Agustín Martínez, ha considerado «ilustrativas» las declaraciones de los menores. Así, ha negado la existencia de determinados mensajes con carácter sexual y ha señalado que los que puedan quedar acreditados se corresponden con personas «con unas determinadas edades que no son en ningún caso menores».
Además, en cuanto al contenido de esas conversaciones, ha asegurado a los periodistas que hay diferencia entre que se produzcan «en un ánimo divertido» o con un interés «libidinoso», considerando que «tienen que valorarse y la lectura, no puntual de una frase sino general, es la que da el resultado de lo que realmente pasaba y de lo que era el objeto de esas conversaciones».
La vista oral continúa este jueves con la declaración de más víctimas y técnicos de uno de los clubes en los que entrenó. La acusación pública sostiene que el hombre presuntamente se prevalió de su posición sobre los menores, a los que supuestamente realizó proposiciones y acosó para intercambiar archivos pornográficos; además de que en el caso de uno se le acusa también por abusos.
En sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal acusa a este hombre, de 45 años en la actualidad y en prisión desde diciembre de 2016, de tres delitos de abuso sexual sobre un menor con prevalimiento, de 20 de exhibicionismo y provocación sexual, 17 de embaucamiento sexual en concurso con pornografía infantil, dos de acoso sexual y diez de corrupción de menores, algunos en grado de tentativa.
Así, según las conclusiones provisionales del fiscal, en el caso de una de las víctimas, de 12 años entonces, los presuntos abusos comenzaron en 2012, realizándole tocamientos y mostrándole videos con escenas de pornografía entre adultos cuando iban de viaje con motivo de un partido, aunque en 2016 supuestamente mantuvieron otro contacto y, además, le mandó en ocasiones mensajes con imágenes sexuales.
Para el ministerio público, supuestamente estas conductas fueron llevadas a cabo por el procesado «prevaliéndose de su condición de entrenador, haciendo creer al menor que si accedía a sus pretensiones podría jugar en los partidos y ser promocionado en el fútbol».
En el caso de las demás víctimas, con edades entre once y 16 años en ese momento, la Fiscalía sostiene que el acusado, aprovechando que era su entrenador en categorías inferiores, mantuvo con estos menores conversaciones de índole sexual por mensaje, además de que supuestamente les enviaba imágenes de carácter pornográfico. Aunque se sentían «incómodos» y «presionados» con esto, accedían para «no provocar el enfado del procesado».
Asimismo, supuestamente les pedía que le enviaran imágenes de sus cuerpos, «bajo promesa de hacerles capitanes de los equipos» o tener un trato preferente con ellos. Para esta acusación, el procesado hacía esto en ocasiones presuntamente aprovechando que los menores estaban en una residencia deportiva y sus padres se encontraban en otras localidades. A algunos también les decía que les iba a llevar a prostíbulos o les ofrecía alcohol y pequeñas cantidades de dinero.
La Fiscalía solicita que se le prohíba acercarse o comunicar con las víctimas durante un plazo máximo de diez años y que se le impongan diez años de libertad vigilada, a cumplir una vez termine la pena de prisión que se le impusiera; además de la inhabilitación especial durante 25 años para cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad.
Asimismo, se insta a que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual cada dos años y a que se le prohíba acudir a acontecimientos deportivos o culturales cuando haya menores. Además, insta a que se imponga al acusado el pago de 3.000 euros a cada uno de los menores que no hayan renunciado a indemnización; cantidades de las que son responsables civiles subsidiarios dos clubes en los que entrenó.
