La defensa del entrenador de fútbol acusado supuestamente por abuso, acoso sexual y mantener contactos y conversaciones de dicha índole con 25 menores ha planteado este martes la nulidad de las actuaciones.
La Audiencia de Málaga ha comenzado este martes a puerta cerrada el juicio a este hombre para el que la Fiscalía solicita 100 años y siete meses de prisión al acusarlo de 56 delitos.
En el trámite de cuestiones previas, la defensa ha planteado la nulidad por investigación prospectiva en la localización de víctimas y ha solicitado que su cliente declare el último pero la Sala no lo ha acordado. De hecho, el acusado ha comenzado a contestar pero solo a las preguntas de su abogado.
El fiscal y las acusaciones particulares han mostrado su oposición a los argumentos expuestos por la defensa y han apuntado a la correcta instrucción del caso.
La acusación pública sostiene que el hombre presuntamente se prevalió de su posición sobre los menores, a los que supuestamente realizó proposiciones y acosó para intercambiar archivos pornográficos; además de que en un caso se le acusa por delito de abusos sexuales.
En sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal acusa a este hombre, de 45 años en la actualidad y en prisión desde diciembre de 2016, de tres delitos de abuso sexual sobre un menor con prevalimiento, de 20 de exhibicionismo y provocación sexual, 17 de embaucamiento sexual en concurso con pornografía infantil, dos de acoso sexual y diez de corrupción de menores, algunos en grado de tentativa.
La acusación pública solicita que se le prohíba acercarse o comunicar con las víctimas durante un plazo máximo de diez años y que se le impongan diez años de libertad vigilada, a cumplir una vez termine la pena de prisión que se le impusiera; además de la inhabilitación especial durante 25 años para cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad.
Asimismo, se insta a que se le imponga la obligación de participar en programas de educación sexual cada dos años y a que se le prohíba acudir a acontecimientos deportivos o culturales cuando haya menores; apuntando que, en caso de condena, los beneficios penitenciarios, permisos de salida y clasificación en tercer grado o la libertad condicional se concedan según la totalidad de la pena que se imponga en la sentencia.
Así, según las conclusiones provisionales del fiscal, en el caso de una de las víctimas, de 12 años entonces, los presuntos abusos comenzaron en 2012, realizándole tocamientos y mostrándole videos con escenas de pornografía entre adultos cuando iban de viaje con motivo de un partido, aunque en 2016 supuestamente mantuvieron otro contacto y, además, le mandó en ocasiones mensajes con imágenes sexuales.
Para el ministerio público, supuestamente estas conductas fueron llevadas a cabo por el procesado «prevaliéndose de su condición de entrenador, haciendo creer al menor que si accedía a sus pretensiones podría jugar en los partidos y ser promocionado en el fútbol».
En el caso de las demás víctimas, con edades entre once y 16 años en ese momento, la Fiscalía sostiene que el acusado, aprovechando que era su entrenador en categorías inferiores, mantuvo con estos menores conversaciones de índole sexual por mensaje, además de que supuestamente les enviaba imágenes de carácter pornográfico. Aunque se sentían «incómodos» y «presionados» con esto, accedían para «no provocar el enfado del procesado».
Asimismo, supuestamente les pedía que le enviaran imágenes de sus cuerpos, «bajo promesa de hacerles capitanes de los equipos» o tener un trato preferente con ellos. Para esta acusación, el procesado hacía esto en ocasiones presuntamente aprovechando que los menores estaban en una residencia deportiva y sus padres se encontraban en otras localidades. A algunos también les decía que les iba a llevar a prostíbulos o les ofrecía alcohol y pequeñas cantidades de dinero.
En el registro de la vivienda del procesado había varios ordenadores y en uno de ellos los investigadores encontraron conversaciones de carácter sexual con menores de edad. El hombre no presenta ninguna perturbación mental ni adicción, según la calificación inicial del fiscal.
Aunque la petición de pena es de 100 años y siete meses de prisión, el fiscal indica que en caso de condena éste tendría que cumplir 20 años de cárcel, ya que se debe tener en cuenta lo que establece el Código Penal de que el máximo de cumplimiento efectivo no podrá exceder el triple del tiempo por el que se imponga la pena más grave o, en cualquier caso, los 20 años de prisión.
Así, además de las penas ya mencionadas, el fiscal insta a que se imponga al acusado el pago de 3.000 euros a cada uno de los menores que no hayan renunciado a indemnización; cantidades de las que son responsables civiles subsidiarios los clubes del Málaga CF, en el caso de 15 menores; y del Alhaurín de la Torre, en cuanto a ocho.
