El Gobierno aprobó patata y trigo transgénicos para consumo masivo
Los argentinos serán los primeros en comer patata y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera patata transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
Piden el principio precautorio
El Parlamento Andino solicitó la elaboración de leyes nacionales que, ante los transgénicos, establezcan el principio de precaución, es decir, que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas preventivas para proteger el ambiente y la salud. En Argentina está vigente el principio precautorio en la Ley General del Ambiente (25.675). Sin embargo, aunque no está probada la inocuidad de los transgénicos, es el mimo Estado el que autoriza su siembra y su consumo por parte de seres humanos.
