Calles sin asfaltar, falta de limpieza, de alumbrado, de transporte, de accesibilidad y, por supuesto, alcantarillado insuficiente e inundaciones constantes: el vecindario de Arroyo España (distrito Puerto de la Torre) ya no se fía del gobierno de De la Torre.
Las últimas lluvias han provocado nuevos desperfectos en esta barriada a la que el gobierno municipal prometió en la campaña electoral de 2015 subsanar sus cuantiosas deficiencias, «en tres meses», según aseguró el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares.
En enero y mayo del año pasado, por mor de dos mociones de Málaga Ahora presentadas a instancias del vecindario, aquellos compromisos fueron ratificados. El gobierno se comprometía a iniciar «de inmediato un plan de actuación de emergencia para paliar las carencias más necesarias en la barriada en materia de alumbrado, limpieza, suministros y accesibilidad».
La realidad, sin embargo, es bien diferente: «Tengo un 73% de minusvalía, mientras que mi mujer sufre síncopes, pero debido al estado de la calle los taxis ni siquiera entran, y cuando llueve las ambulancias tampoco pueden», relata Juan Antonio Campos, de la Asociación de Vecinos Arroyo España. Su calle, Aquiles, lo mismo que la cercana Ciclamen, no entran dentro del PERI (Plan Especial de Reforma Interior), «de manera que no se ha hormigonado y tampoco nos permiten hacerlo por nosotros mismos». Así lo corrobora María Lucía Chica, otra vecina que narra «cómo la única solución que proponen es echar tierra de nuevo, que las lluvias se llevan siempre y volvemos a empezar».
La historia, en efecto, se ha repetido en estos días, a pesar de que en la capital las lluvias no han sido especialmente copiosas: «No podíamos ni salir de casa para llevar a los niños al colegio, porque no hay drenaje suficiente y las alcantarillas se atoraran. Si no es por la ayuda de los vecinos no consigo salir de mi calle y aquí tampoco llegan autobuses», describe Miguel Rivas.
Con las vecinas y vecinos han estado Isabel Jiménez y Rosa Galindo, concejalas de Málaga Ahora: «Estamos hablando de un verdadero problema de seguridad, que hace peligrar a las personas y sus bienes, por lo que según necesarias actuaciones de emergencia, más allá de los desarrollos urbanísticos como el PERI.