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jueves, diciembre 19, 2024

Operación contra la droga oculta en bananas permite desmantelar una gran infraestructura criminal

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La operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha permitido intervenir más de seis toneladas de cocaína en un polígono industrial de Málaga ha permitido desmantelar una potente infraestructura consolidada para el tráfico de esta droga en España.

La droga había llegado a España oculta en un cargamento de bananas. Además, en la operación han sido detenidas 16 personas –15 en Málaga y una en Badajoz–, logrando desarticular esta organización de narcotraficantes liderada por conocidos criminales holandeses asentados en la Costa del Sol, principalmente en Benalmádena.
Además, se han realizado 19 registros en la provincia de Málaga y uno en Badajoz, según han informado en rueda de prensa la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez; el comisario principal jefe de la Udyco Central de Policía Nacional, Santos Bernal; el jefe del departamento Antidroga de la UCO de Guardia Civil, Jesús García; el director de la Unidad Antidroga de la Policía Judiciaria de Portugal, Artur Vaz; y el comisario principal jefe provincial de la Policía Nacional en Málaga, Francisco López Canedo.
En la investigación, que ha durado algo menos de un año, han colaborado miembros de la Unidad Nacional de Combate contra el Tráfico de Estupefacientes de la Policía Judiciaria de la República de Portugal (UNCTE) y de la agencia de seguridad norteamericana Homeland Security Investigations.
Gracias al trabajo conjunto de los investigadores españoles se pudo determinar que los arrestados presuntamente formaban parte de una organización criminal especializada en introducir en España y Holanda grandes cantidades de clorhidrato de cocaína. Estos, además, habían sido investigados en su país de origen en numerosas ocasiones, siendo considerados algunos de ellos como objetivos prioritarios por las autoridades policiales de Países Bajos.

ALTO NIVEL DE VIDA SIN ACTIVIDAD LABORAL ALGUNA

Ya desde el inicio de las indagaciones, las conductas observadas en los miembros de la organización revelaron actividades exclusivamente compatibles con las actividades de narcotráfico investigadas. Así, fue posible verificar la ausencia de actividad laboral y el alto nivel de vida que tenían por todos ellos, incluyendo la disponibilidad de bienes inmuebles de elevado valor.
Como consecuencia del análisis de la información recabada, se llegó a la conclusión de que el grupo investigado se encargaba tanto de distribuir e introducir en España grandes cantidades de clorhidrato de cocaína, como de facilitar a otros grupos la logística necesaria para introducir en puertos holandeses, portugueses y españoles contenedores cargados con este estupefaciente.
La actividad investigadora desveló que los detenidos no ejercían actividad laboral o mercantil legal aparentemente regular. Además, casi todos cuentan con antecedentes por delitos graves y mantenían contactos con otros grupos de narcotraficantes, habiendo estado encartados en investigaciones policiales por estar relacionados de diferente manera con el crimen organizado.
Los agentes averiguaron que disponían en Badajoz y Málaga de la infraestructura necesaria para el transporte y almacenamiento de mercancías, infraestructura que era utilizada para el transporte de grandes cantidades de sustancias estupefaciente.
La reciente adquisición de las empresas dedicadas al transporte, junto a los reiterados viajes a Badajoz, hicieron sospechar a los investigadores de que la organización estaría consolidando una potente infraestructura destinada a recibir en España importantes partidas de cocaína, pudiendo tener en la provincia de Badajoz el lugar para la recepción de la droga y su posterior transporte haciendo uso de las empresas adquiridas.
Esto, unido a otros indicios, llevó a los agentes hasta el momento en el que los investigados se preparaban para introducir en España más de seis toneladas de cocaína.

LOS CONTENEDORES LLEGABAN DE PORTUGAL

Los contenedores que transportaban la cocaína entre la carga legal declarada llegaban hasta el puerto de Setúbal (Portugal), desde donde se trasladaban posteriormente hasta España. Por ese motivo, la colaboración de las autoridades policiales y aduaneras de Portugal y Estados Unidos ha sido esencial, a través de la Unidad Nacional de Combate contra el Tráfico de Estupefacientes de la Policía Judiciaria de la República de Portugal (UNCTE) y de la agencia de seguridad norteamericana Homeland Security Investigations (HIS).
La organización ha llegado a importar unos 70 contenedores conteniendo fruta, tratando de alcanzar un historial que indicara a los agentes aduaneros una sólida posición y volumen de negocio. Esto, han admitido, ha supuesto «una extraordinaria complejidad a la hora de discernir y discriminar en qué cargamento pudiera venir oculta la sustancia estupefaciente».
A pesar de las dificultades, una minuciosa labor de investigación ha permitido a los agentes detectar y localizar toda la infraestructura de los investigados, así como el momento en el que iban a finalizar con éxito la introducción de una cantidad inédita en este tipo de investigaciones.

AMPLIO OPERATIVO POLICIAL

Con todos los datos en su poder se desplegó un amplio operativo policial, centrado principalmente en la provincia de Málaga, donde estaban afincados la mayor parte de los investigados y donde se habían dotado de una nutrida red de contactos y clientes al servicio de sus intereses que, gracias a la intensa labor desarrollada por parte de los investigadores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha podido desmantelarse.
El operativo ha culminado con 16 detenciones y la incautación de más de 6.300 kilos de cocaína, alrededor de 300.000 euros en efectivo, cuatro armas de fuego y munición, y vehículos de alta gama. También se ha intervenido abundante documentación pendiente de análisis.
Como es habitual en ese tipo de investigaciones, los investigadores han tenido que enfrentarse a una organización que blindaba todas sus actividades y movimientos a través de extraordinarias medidas de seguridad, que incluían la utilización de dispositivos electrónicos de última generación, comunicaciones encriptadas y un continuo cambio en los vehículos utilizados en sus desplazamientos, con la finalidad última de dificultar la vinculación de los mismos con las actividades investigadas.
Judicialmente, estas actuaciones están coordinadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

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