El gobierno español anunció el viernes un real decreto con una serie de medidas urgentes dirigidas a luchar contra la pobreza energética, rebajar la onerosa factura de la luz, simplificar los trámites burocráticos de las instalaciones y convertir en universal el autoconsumo eléctrico.
«Por fin este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayor parte de los observadores internacionales que es el ‘impuesto al sol'», dijo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, refiriéndose al cargo pagado por los consumidores con instalaciones de autoconsumo superiores a los 10 kilowatios por conectarse a la red eléctrica nacional.
De esta forma se permite por fin el autoconsumo compartido en un país en el que el 65 por ciento de los españoles viven en régimen de covecindad, simplificando además los trámites técnicos y administrativos de esta modalidad de generación eléctrica.
La ampliación del autoconsumo sin cargos a toda la ciudadanía era una de las principales demandas sociales de los españoles, que pagan una de las facturas de luz más caras de Europa, y estaba respaldada por la mayor parte del arco parlamentario con la excepción del grupo Popular.
Uno de los gobiernos del ex presidente Mariano Rajoy había establecido el cargo de respaldo dentro de una ley diseñada para taponar el multimillonario déficit de tarifa surgido por no trasladar al recibo todos los costes del sistema eléctrico.
«Como dato clave significativo del retraso que España lleva en esta materia, pensemos que un país tan rico en sol como es España, cuenta con 1.000 instalaciones (registradas de autoconsumo) frente al más de un millón con las que cuenta Alemania», lamentó Ribera.
MEDIDAS FISCALES
Como había avanzado en parte durante una comisión del Congreso el mes pasado, la ministra dijo también que el decreto suspenderá durante seis meses el impuesto de generación eléctrica del 7 por ciento que se cobra a las eléctricas y también el impuesto especial de hidrocarburos para producción eléctrica con el objeto de rebajar en alrededor del 4 por ciento la factura eléctrica de un hogar de consumo medio.
«Es una medida de alivio, porque de lo que se trata es que en estos seis meses poder ir trabajando en las grandes medidas estructurales», dijo en alusión a una futura reforma del mercado de electricidad mayorista y de la fiscalidad del conjunto del sistema eléctrico.
Para compensar los ingresos que obtenía el sistema eléctrico con estos tributos, se utilizarán los fondos de la subasta anual de derechos de emisión de CO2.
Por otra parte, el decreto abre la posibilidad de que el superávit de tarifa acumulado en los últimos años pueda utilizarse para cubrir posibles déficit que se pudieran producir este año y el que viene. La reforma eléctrica anterior obligaba a destinar cualquier excedente a amortizar los más de 25.000 millones de déficit tarifario acumulado.
POBREZA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
En cuanto a las medidas contra la pobreza energética, que afecta a cerca de cinco millones de hogares en España, el decreto ampliará en un 15 por ciento la cantidad de electricidad con descuento dentro del llamado bono eléctrico, que hará llegar ahora a nuevos colectivos como familias monoparentales y familias con miembros dependientes.
Además, se crea por primera vez un bono térmico que se articulará como una ayuda directa para pagar la calefacción los meses de invierno y al que podrán acceder los beneficiarios del bono eléctrico.
Los consumidores que disfrutaban al bono eléctrico anterior tendrán hasta final de año para acogerse al nuevo y las empresas comercializadoras tienen que facilitar transición o enfrentarse a multas de hasta 60 millones de euros en caso de infracciones muy graves.
En el mismo decreto, y dentro de otro paquete de medidas de protección al consumidor, se prohíbe que las compañías de comercialización de electricidad y gas puedan publicitar o contratar sus productos en domicilio mediante el sistema «puerta a puerta», salvo que la visita la solicite el cliente.
COCHE ELÉCTRICO Y RENOVABLES
En otro orden de cosas, la ley anunciada hoy tratará de agilizar el desarrollo de los puntos de recarga para el coche eléctrico y amplía hasta marzo de 2020 la entrada en funcionamiento de los casi 9.000 megawatios adjudicados en las últimas subastas de renovables con el fin de no comprometer los objetivos medioambientales adquiridos con Bruselas.
El anterior plazo era el próximo 31 de diciembre y sólo 100 MW habían sido puestos en funcionamiento.
«La media evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España», dijo el ministerio.
MADRID (Reuters) – (Información de Jose Elías Rodríguez, editado por Rodrigo de Miguel)
