- La institución colegial reclama que las comunidades de propietarios puedan prohibir el alquiler turístico a través del sistema de mayoría.
Málaga, 25 de septiembre de 2018-. El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla valora positivamente el anuncio realizado en el día de ayer, 24 de septiembre, por la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para que las comunidades de propietarios puedan regular las viviendas turísticas. “Es una reivindicación que desde la profesión veníamos haciendo en los últimos años” ha indicado el presidente de la Corporación, Fernando Pastor. “En muchas comunidades de propietarios nos consta que la convivencia se ha hecho casi imposible debido a que los usuarios de las viviendas turísticas causan muchas molestias a los residentes habituales”, añade Pastor.
Desde la institución colegial se apremia al Gobierno a que dé los pasos necesarios lo antes posible. En este sentido, se pide que el sistema de mayoría para vetar las viviendas turísticas sea realista y no exija unanimidad, ya que en ese caso -como se ha comprobado en algunas comunidades autónomas- la situación seguirá siendo en la práctica como hasta ahora.
No obstante, pese al anuncio de la secretaria de Estado de Turismo, Fernando Pastor es cauto. “La situación política ya bloqueó la tramitación de nueva Ley de Propiedad Horizontal antes de verano, y estas reformas conllevan unos plazos que no sabemos si técnicamente se podrán cumplir”. A pesar de ello, muestra su satisfacción por el paso dado por el Ejecutivo y recuerda que “aunque las viviendas turísticas sea una propiedad privada, el trayecto físico para llegar a las viviendas pasa, en la mayoría de los casos, por zonas comunes de la comunidad de propietarios, por lo que es normal que la propia comunidad pueda tener voz y voto sobre el uso que se le dé al inmueble”.
Además, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla se viene reclamando desde el año pasado acuerdos más puntuales con ayuntamientos con el objeto de establecer un protocolo que permita a la Policía Local actuar con prontitud en caso de molestias para el resto de vecinos, incluyendo el desalojo de los inquilinos si estos siguen ocasionando problemas a la comunidad de propietarios.
