La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento malagueño tras las acusaciones de dos ex jefes de urbanismo en la comisión de investigación sobre la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas respecto a presuntas «injerencias políticas». Así, tomará declaración a varios testigos.
Así lo han informado a Europa Press fuentes fiscales, quienes han indicado que la Fiscalía malagueña ha acordado iniciar dichas diligencias para llevar a cabo las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, verificar si se corresponden con algún delito y también en lo relativo a determinar posibles responsabilidades penales.
En la última sesión celebrada de dicha comisión, dos ex jefes del área, Alberto Íñiguez y Teresa Domingo, aludieron a supuestas «injerencias políticas» en la tramitación de expedientes sancionadores o de disciplina urbanística, en especial en el relativo a la promoción Villas del Arenal, respecto al que dijeron que responsables políticos les instaron a «mirar para otro lado».
En este sentido, según las fuentes, el fiscal tomará declaración como testigos a estos dos exaltos cargos de urbanismo y a otra persona más; al tiempo que instará a la Gerencia de Urbanismo a que remita copias de los expedientes de disciplina urbanística, ya sean sancionadores o de restablecimiento de legalidad, que se iniciasen sobre dicha promoción.
Fue Cs el que llevó estas acusaciones a la Fiscalía al considerar, según apuntó en su momento el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, que «se arrojaron hechos muy graves y se dijeron cosas como que se tenía que hacer la vista gorda en posibles sanciones, había que bajar la intensidad y, lo que nos parece muchísimo más grave, que tenía que ir el inspector de urbanismo acompañado de un político».
En el escrito presentado por la formación se señalaba que uno de los excargos, Alberto Íñiguez, apuntó a la existencia de «injerencias políticas» en expedientes administrativos, «citando que en una reunión en la que estaban los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares, ésta le dijo que ‘allí había que mirar para otro lado’ y que ella era la concejala».
Otra funcionaria Teresa Domingo indicó sobre la caducidad de expedientes sancionadores que «las injerencias políticas no son una llamadita», recoge el escrito de Cs, en el que se apunta que en su comparecencia, esta excargo aseguró que el gerente de urbanismo, José Cardador, le dijo en una visita a Villas de Arenal «que si no podíamos mirar para otro lado y dejar prescribir las infracciones».
Asimismo, afirmó que puso al alcalde, Francisco de la Torre, al corriente «de lo que estaba sucediendo», apuntando «que Pomares y Cardador nunca me dijeron prevarica, pero sus órdenes me obligaban a ello», según pone de manifiesto el escrito presentado por Cs, que va acompañado de un soporte digital con las grabaciones de esa comisión de investigación de urbanismo.
Pomares, Porras y Cardador están estudiando la posibilidad de ejercer a título personal las acciones legales que en derecho les puedan corresponder por las manifestaciones de los comparecientes y han defendido que se ha actuado «de forma impecable» y «dentro de la legalidad vigente»; algo que, apuntaron, «dicen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalan la gestión».
Paralelamente, está previsto que este jueves 27 de septiembre se celebre un pleno extraordinario en el Ayuntamiento en relación con lo ocurrido en la citada comisión, convocado a instancias del grupo municipal del PSOE y en el que comparecerá el alcalde, Francisco de la Torre.
En la última sesión celebrada de dicha comisión, dos ex jefes del área, Alberto Íñiguez y Teresa Domingo, aludieron a supuestas «injerencias políticas» en la tramitación de expedientes sancionadores o de disciplina urbanística, en especial en el relativo a la promoción Villas del Arenal, respecto al que dijeron que responsables políticos les instaron a «mirar para otro lado».
En este sentido, según las fuentes, el fiscal tomará declaración como testigos a estos dos exaltos cargos de urbanismo y a otra persona más; al tiempo que instará a la Gerencia de Urbanismo a que remita copias de los expedientes de disciplina urbanística, ya sean sancionadores o de restablecimiento de legalidad, que se iniciasen sobre dicha promoción.
Fue Cs el que llevó estas acusaciones a la Fiscalía al considerar, según apuntó en su momento el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, que «se arrojaron hechos muy graves y se dijeron cosas como que se tenía que hacer la vista gorda en posibles sanciones, había que bajar la intensidad y, lo que nos parece muchísimo más grave, que tenía que ir el inspector de urbanismo acompañado de un político».
En el escrito presentado por la formación se señalaba que uno de los excargos, Alberto Íñiguez, apuntó a la existencia de «injerencias políticas» en expedientes administrativos, «citando que en una reunión en la que estaban los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares, ésta le dijo que ‘allí había que mirar para otro lado’ y que ella era la concejala».
Otra funcionaria Teresa Domingo indicó sobre la caducidad de expedientes sancionadores que «las injerencias políticas no son una llamadita», recoge el escrito de Cs, en el que se apunta que en su comparecencia, esta excargo aseguró que el gerente de urbanismo, José Cardador, le dijo en una visita a Villas de Arenal «que si no podíamos mirar para otro lado y dejar prescribir las infracciones».
Asimismo, afirmó que puso al alcalde, Francisco de la Torre, al corriente «de lo que estaba sucediendo», apuntando «que Pomares y Cardador nunca me dijeron prevarica, pero sus órdenes me obligaban a ello», según pone de manifiesto el escrito presentado por Cs, que va acompañado de un soporte digital con las grabaciones de esa comisión de investigación de urbanismo.
Pomares, Porras y Cardador están estudiando la posibilidad de ejercer a título personal las acciones legales que en derecho les puedan corresponder por las manifestaciones de los comparecientes y han defendido que se ha actuado «de forma impecable» y «dentro de la legalidad vigente»; algo que, apuntaron, «dicen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalan la gestión».
Paralelamente, está previsto que este jueves 27 de septiembre se celebre un pleno extraordinario en el Ayuntamiento en relación con lo ocurrido en la citada comisión, convocado a instancias del grupo municipal del PSOE y en el que comparecerá el alcalde, Francisco de la Torre.
