El grupo parlamentario de Podemos Andalucía defiende este jueves ante el Pleno de la Cámara una proposición no de ley (PNL) por la que reclama que se publiquen los datos vinculados a la amnistía fiscal de 2012, que se adopten medidas para evitar que se repita y también que se investigue el patrimonio del rey emérito, Juan Carlos I.
En virtud de la iniciativa, recogida por Europa Press, Podemos quiere el Parlamento inste al Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al Gobierno de España a llevar a cabo las iniciativas necesarias para dar a conocer la identidad de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se han acogido al proceso de regularización de bienes o derechos derivados de rentas no declaradas o declaración tributaria especial y gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera, previsto en el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, así como el importe individualizado de las bases imponibles y cuotas declaradas.
Asimismo, piden plantear las modificaciones que sean necesarias en la normativa tributaria estatal para poder realizar la publicación de la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal en esta legislatura, indicando las cantidades de los beneficios patrimoniales logrados; además de llevar a cabo todas las medidas que estén a su alcance para prohibir cualquier amnistía fiscal futura.
Por último, el partido morado propone en la iniciativa que se debate este jueves que se investigue, a través de los servicios de inspección de Hacienda, los ingresos y el patrimonio del rey emérito, Juan Carlos de Borbón.
Podemos critica la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en el 2012 mediante un decreto porque «se trataba de un indulto fiscal en toda regla que ofrecía la posibilidad de blanquear ingresos ocultos sin sanciones, intereses ni recargos», así como defiende que «es un deber democrático dar a conocer la identidad de quienes lesionan la convivencia en el Estado español al incumplir su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica de forma insolidaria». «Estas personas y entidades dañaron gravemente el interés general, gozando de impunidad por una decisión arbitraria del gobierno del PP», agrega.
Asimismo, sostiene que la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal y la defensa de la transparencia deben implicar a todos los poderes públicos, a la ciudadanía y al resto de instituciones del Estado, «hayan gozado o no de inviolabilidad penal», de ahí que reclame también conocer el patrimonio de Juan Carlos I tras las declaraciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein desvelando «supuestos comportamientos ilegales cometidos por el antiguo Jefe de Estado español durante su reinado y con posterioridad al mismo».
Con esas declaraciones, prosigue el partido que lidera Teresa Rodríguez, «se evidencian varias adquisiciones irregulares de propiedades en el extranjero, cuentas no declaradas en Suiza o comisiones ilegales por adjudicación de contratos en el extranjero, entre otras cosas», de modo que cree que «todo apunta, según estas grabaciones, a que Juan Carlos de Borbón presuntamente habría organizado toda una estructura opaca a la Agencia Tributaria con el fin de blanquear y evadir capitales de dudosa procedencia».
«Más allá de las posibles responsabilidades legales de Juan Carlos de Borbón, se deben determinar las responsabilidades políticas y éticas que se pueden derivar de lo que podría ser una actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que la Constitución española ofrece a su Jefe de Estado. Se debe determinar el alcance de estos indicios, conocer la verdad y dilucidar las responsabilidades políticas y éticas, así como proponer medidas de calado para que esto no vuelva a suceder», zanja Podemos Andalucía.
Asimismo, piden plantear las modificaciones que sean necesarias en la normativa tributaria estatal para poder realizar la publicación de la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal en esta legislatura, indicando las cantidades de los beneficios patrimoniales logrados; además de llevar a cabo todas las medidas que estén a su alcance para prohibir cualquier amnistía fiscal futura.
Por último, el partido morado propone en la iniciativa que se debate este jueves que se investigue, a través de los servicios de inspección de Hacienda, los ingresos y el patrimonio del rey emérito, Juan Carlos de Borbón.
Podemos critica la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en el 2012 mediante un decreto porque «se trataba de un indulto fiscal en toda regla que ofrecía la posibilidad de blanquear ingresos ocultos sin sanciones, intereses ni recargos», así como defiende que «es un deber democrático dar a conocer la identidad de quienes lesionan la convivencia en el Estado español al incumplir su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica de forma insolidaria». «Estas personas y entidades dañaron gravemente el interés general, gozando de impunidad por una decisión arbitraria del gobierno del PP», agrega.
Asimismo, sostiene que la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal y la defensa de la transparencia deben implicar a todos los poderes públicos, a la ciudadanía y al resto de instituciones del Estado, «hayan gozado o no de inviolabilidad penal», de ahí que reclame también conocer el patrimonio de Juan Carlos I tras las declaraciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein desvelando «supuestos comportamientos ilegales cometidos por el antiguo Jefe de Estado español durante su reinado y con posterioridad al mismo».
Con esas declaraciones, prosigue el partido que lidera Teresa Rodríguez, «se evidencian varias adquisiciones irregulares de propiedades en el extranjero, cuentas no declaradas en Suiza o comisiones ilegales por adjudicación de contratos en el extranjero, entre otras cosas», de modo que cree que «todo apunta, según estas grabaciones, a que Juan Carlos de Borbón presuntamente habría organizado toda una estructura opaca a la Agencia Tributaria con el fin de blanquear y evadir capitales de dudosa procedencia».
«Más allá de las posibles responsabilidades legales de Juan Carlos de Borbón, se deben determinar las responsabilidades políticas y éticas que se pueden derivar de lo que podría ser una actividad delictiva realizada durante años bajo el manto de la impunidad que la Constitución española ofrece a su Jefe de Estado. Se debe determinar el alcance de estos indicios, conocer la verdad y dilucidar las responsabilidades políticas y éticas, así como proponer medidas de calado para que esto no vuelva a suceder», zanja Podemos Andalucía.
