El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Pablo Bustinduy, ha aprovechado este jueves la comparecencia del ministro Josep Borrell para criticar la decisión de vender 400 bombas a Arabia Saudí porque, según ha dicho, la legalidad impide vender armamento a Estados «que puedan usarlo para cometer violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto».
En su turno de réplica, Borrell le ha respondido que se están cumpliendo todas las leyes sobre comercio de armas y que, si no lo creyese así, actuaría en consecuencia. Y ha añadido que no ha visto al alcalde de Cádiz, José María González, pedir que se suspenda ningún contrato. «Que yo sepa, las corbetas también son armas», ha añadido, refiriéndose a los barcos que construirán los astilleros de Navantia para Arabia Saudí. Precisamente, los trabajadores de Navantia se han movilizado ante el temor de que cancelar la venta de esas 400 bombas pusiera en peligro el contrato de las corbetas.
El diputado de Podemos, por su parte, ha dejado claro que no pretendía reprocharle la operación directamente a Borrell, pero ha incidido en que cumplir la ley no depende de la voluntad de una persona, sino que es simplemente una obligación.
«España está obligada a respetar la legalidad», ha dicho Bustinduy, tanto la que impone la ley española de comercio de armas como las normas internacionales. «España no puede vender armamento a Estados que puedan usarlo para cometer violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto», ha añadido. Es más, ha advertido de que si el Gobierno no se atiene a las normas no tendrá legitimidad para esgrimir el principio de legalidad en otros ámbitos.
En su turno, el portavoz del PP, José Ramón-García Hernández, se ha referido también al alcalde de Cádiz para decir que éste había hablado de una manera que «parecía Goebbels», hablando de «o bombas o hambre» y «muy alejado de la intervención sobre derecho humanitario» de Bustinduy.
Borrell ha sido este jueves el encargado de anunciar que finalmente el Gobierno ha decidido enviar a Arabia Saudí las 400 bombas del Ejército vendidas en virtud de un contrato firmado en 2015, porque ha llegado a la conclusión, tras revisar el contrato y «darle todas las vueltas», de que tiene que cumplirlo.
A su llegada a la Comisión de Exteriores, el jefe de la diplomacia ha reiterado la explicación y ha señalado que la decisión ha sido del Gobierno en su conjunto. Preguntado si el Ejecutivo ha obtenido garantías de Riad de que las municiones no se usarán para operaciones fuera del país –tal como consta en los informes sobre venta de armas de años pasados– ha señalado que «cada operación tiene unas condiciones específicas y esta es muy específica en la medida en que era una venta municiones por parte del propio Ejército».
También ha recordado que en agosto el Gobierno anunció que revisará las condiciones de venta de armas para poder rastrear y controlar mejor que se cumplen efectivamente las condiciones en las que se venden. Pero eso, ha remarcado, cuando se haga, podrá aplicarse a operaciones futuras.
El diputado de Podemos, por su parte, ha dejado claro que no pretendía reprocharle la operación directamente a Borrell, pero ha incidido en que cumplir la ley no depende de la voluntad de una persona, sino que es simplemente una obligación.
«España está obligada a respetar la legalidad», ha dicho Bustinduy, tanto la que impone la ley española de comercio de armas como las normas internacionales. «España no puede vender armamento a Estados que puedan usarlo para cometer violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto», ha añadido. Es más, ha advertido de que si el Gobierno no se atiene a las normas no tendrá legitimidad para esgrimir el principio de legalidad en otros ámbitos.
En su turno, el portavoz del PP, José Ramón-García Hernández, se ha referido también al alcalde de Cádiz para decir que éste había hablado de una manera que «parecía Goebbels», hablando de «o bombas o hambre» y «muy alejado de la intervención sobre derecho humanitario» de Bustinduy.
Borrell ha sido este jueves el encargado de anunciar que finalmente el Gobierno ha decidido enviar a Arabia Saudí las 400 bombas del Ejército vendidas en virtud de un contrato firmado en 2015, porque ha llegado a la conclusión, tras revisar el contrato y «darle todas las vueltas», de que tiene que cumplirlo.
A su llegada a la Comisión de Exteriores, el jefe de la diplomacia ha reiterado la explicación y ha señalado que la decisión ha sido del Gobierno en su conjunto. Preguntado si el Ejecutivo ha obtenido garantías de Riad de que las municiones no se usarán para operaciones fuera del país –tal como consta en los informes sobre venta de armas de años pasados– ha señalado que «cada operación tiene unas condiciones específicas y esta es muy específica en la medida en que era una venta municiones por parte del propio Ejército».
También ha recordado que en agosto el Gobierno anunció que revisará las condiciones de venta de armas para poder rastrear y controlar mejor que se cumplen efectivamente las condiciones en las que se venden. Pero eso, ha remarcado, cuando se haga, podrá aplicarse a operaciones futuras.
