El grupo municipal de Ciudadanos en Málaga ha solicitado a la Fiscalía que inicie una investigación a raíz de las acusaciones realizadas por dos ex jefes de urbanismo de la capital en relación con presuntas «injerencias políticas» durante la comisión de investigación del Ayuntamiento sobre la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas.
Esto se produce, según ha explicado Cassá, después de que en la última sesión celebrada de la comisión de urbanismo, que preside Cs, «se arrojaron hechos muy graves denunciados por ex altos funcionarios de la Gerencia Municipal». «Se dijeron cosas como que se tenía que hacer la vista gorda en posibles sanciones, había que bajar la intensidad», ha manifestado.
«Y lo que nos parece muchísimo más grave, que tenía que ir el inspector de urbanismo acompañado de un político», ha señalado el portavoz de Cs, quien ha apuntado que «una cosa son los tiempos que pueda llevar cualquier sanción y otra cosa de lo que estamos hablando es de una mala praxis política y una injerencia brutal en el trabajo de los técnicos municipales».
Al respecto, en el escrito presentado por la formación se señala que uno de los excargos, Alberto Íñiguez, apuntó a la existencia de «injerencias políticas» en expedientes administrativos, «citando que en una reunión en la que estaban los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares, ésta le dijo que ‘allí había que mirar para otro lado’ y que ella era la concejala».
Otra funcionaria Teresa Domingo indicó sobre la caducidad de expedientes sancionadores que «las injerencias políticas no son una llamadita», recoge el escrito de Cs, en el que se apunta que en su comparecencia, esta excargo aseguró que el gerente de urbanismo, José Cardador, le dijo en una visita a Villas de Arenal «que si no podíamos mirar para otro lado y dejar prescribir las infracciones».
Asimismo, afirmó que puso al alcalde, Francisco de la Torre, al corriente «de lo que estaba sucediendo», apuntando «que Pomares y Cardador nunca me dijeron prevarica, pero sus órdenes me obligaban a ello», según pone de manifiesto el escrito presentado por Cs, que va acompañado de un soporte digital con las grabaciones de esa comisión de investigación de urbanismo.
Por esto, Cassá considera que «Porras, Pomares y el alcalde tienen que dar explicaciones por estos hechos, al menos políticas», aunque ha apuntado que «nuestra obligación es que si nos enteramos de un hecho de esta gravedad, tenemos que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y que sea el fiscal el que determine si hay un posible delito de prevaricación».
Asimismo, ha dicho que les ha extrañado que el alcalde, «que lleva 18 años gobernando esta ciudad, no fuera a la comisión, sobre todo cuando se estaba hablando de Villas de Arenal y él tenía todo tipo de información». «No es de recibo que el regidor rehusara comparecer, cuando los funcionarios están diciendo que estuvo informado de primera mano de las cuestiones que ocurrían», ha recriminado.
«Parece que el equipo de gobierno no entiende que todos somos iguales ante la ley y ante las instituciones y parece que dan ciertos favoritismos», ha apuntado, insistiendo en que no entienden la ausencia de De la Torre «porque si no tiene nada que ocultar, más cuando no tenía nada en la agenda y cuando la funcionaria dijo que fue a decirle lo que estaba ocurriendo».
Cassá ha señalado que «en Cs apostamos por la transparencia y consideramos que el alcalde de una ciudad como esta tiene que comparecer y Málaga no se merece que el regidor no vaya a una comisión de investigación porque es obligación», recordando que Cs «no titubeó en acudir a la Fiscalía cuando salieron a la luz presuntos enchufes en Limasa».
Ha insistido en que será la justicia la que debe abrir una investigación «y la que dictamine y vea si hay un presunto delito de prevaricación o no en la gerencia municipal de urbanismo y especialmente de cara a los cargos políticos».
