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jueves, diciembre 19, 2024

La coordinadora estatal Recuperando pide "la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas"

La coordinadora estatal Recuperando está integrada por una veintena de colectivos ciudadanos, entre ellos, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, MHUEL, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, AMAL, el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias o la Plataforma Laicista de Jerez.

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La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos, ha solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Justicia, ante la próxima publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica que está preparando el Gobierno, para pedir que declare «la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas».

El colectivo considera que se ha creado una «confusión» en torno a aquellos inmuebles que supuestamente serán reclamados por el Estado cuando, a su juicio, «todas las inmatriculaciones» han sido efectuadas «al amparo de un artículo claramente inconstitucional y arbitrario».
La coordinadora Recuperando ha celebrado la intención del Gobierno de «recuperar» los bienes de dominio público pero ha alertado «del grave riesgo de un cierre en falso del problema».
A su juicio, debería determinarse la naturaleza de bien de dominio público «para todos aquellos bienes pertenecientes al legado cultural y al uso común construidos y sostenidos históricamente por la comunidad y las instituciones» y «no únicamente, como podría tener la tentación la Dirección General del Patrimonio, de aquellos que estén inventariados por el Estado».
«Todos esos inmuebles públicos de naturaleza inmemorial nunca fueron inventariados en listado alguno ni accedieron al registro de la propiedad privada hasta la reforma de Aznar de 1998, precisamente por ser considerados bienes de dominio público eminente», subraya la coordinadora Recuperando en un comunicado.
Además, advierte de que existen «miles de bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia Católica que, sin ser de dominio público, fueron inscritos sin garantías, de forma arbitraria y prevaliéndose de un subterfugio jurídico que atribuía al obispo funciones de fedatario público».
Por ello, considera que la totalidad de las inmatriculaciones deben ser «declaradas nulas de pleno derecho, sin perjuicio de que la Iglesia pueda inscribir posteriormente aquellos bienes cuya propiedad pueda acreditar como cualquier ciudadano».
Vía: Europa Press

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