por Javier Pellegrina
En 2013 los países de la ONU declararon el 30 de julio como el Día Mundial contra La Trata de Personas, con el fin de concientizar sobre la situación que padecen las víctimas del tráfico humano y para combatir la problemática. Es una nueva forma de esclavitud moderna que atormenta a millones de seres humanos sobre la faz de la tierra y no parece estar destinada a desaparecer, sino todo lo contrario: se estima que hay más de 40 millones de personas en esta condición, y el número va en aumento.
Es que, en este sistema económico globalizado, la Trata es el segundo negocio ilícito más rentable del mundo. Los culpables no aparecen en los grandes medios de comunicación, nadie los conoce, no parece haber justicia a la que se deban someter.
Es así como los poderosos disponen de los cuerpos y las libertades de mujeres, hombres, niñas y niños para maximizar sus ganancias, ya que el fin de este negocio es principalmente la explotación laboral en el mercado ilegal de trabajo: explotación sexual, trabajo infantil y venta de niños son los destinos preferidos de los señores del mundo para sus víctimas.
La problemática se profundiza en un mundo sumido en una crisis estructural y civilizatoria, donde millones de personas deben abandonar su tierra por conflictos bélicos o falta de oportunidades laborales para sostener a sus familias, lo que genera flujos migratorios nunca antes vistos: 244 millones de migrantes se contabilizaron en 2015. Los responsables siguen siendo los mismos: aquellas clases capitalistas que concentran, cada vez en menos manos, las riquezas.
Es claro que las personas que caen presas de la red del tráfico de personas siempre provienen en primer lugar de los sectores vulnerables, sumidos en condiciones de máxima pobreza, provenientes en su mayoría del sector rural, y principalmente las mujeres y los niños. Los países de la periferia son la tierra de origen de los y las esclavas, pero el fenómeno se extiende y se ven afectadas también las fronteras de las potencias mundiales.
En relación al sector rural en particular, es donde -según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se concentra el 75% de los pobres en el mundo. En la región, la pobreza entre la población rural bajó solo de 62 % a 49% durante la última década (2002-2011), pese al aumento de las agroexportaciones, al auge agrícola y al crecimiento económico registrado por América Latina.
Los proyectos políticos neoliberales al frente de los estados nacionales agudizan la desigualdad y sumen a estos sectores en las condiciones más indignas de vida, protegiendo sólo los intereses de las grandes corporaciones financieras y poseedoras de la tierra.
En Argentina, desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri -previo fallo de la Corte Suprema que declaro inconstitucional la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios-, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (protex), que asiste a las fiscalías en las causas sobre secuestro extorsivo, trata de personas y explotación laboral, dejó de recibir las denuncias por trata de personas en la actividad rural.
Es así como miles y millones de trabajadores quedan desposeídos de marcos regulatorios y entidades que salvaguarden sus derechos humanos fundamentales de la mano de los grandes poderosos y sus empleados locales.
El desafío es pensar cómo generar acciones colectivas que tengan la fuerza para exigir que tanto los gobiernos nacionales como los organismos internacionales garanticen las condiciones dignas de vida, con pleno cumplimiento de los derechos humanos de las mayorías, y dejen de responder a los intereses de las clases económicas dominantes.
