Asociaciones de trabajadoras de hogar y de cuidados de España agrupadas en la ‘Plataforma Reivindicativa Trabajo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos’ han reclamado este viernes 20 de julio, durante una reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, su «integración plena» en el Régimen General de la Seguridad Social y han presentado más de 75 propuestas como el reconocimiento de la prestación por desempleo, la igualdad de condiciones en el cálculo de las pensiones, la desaparición del régimen interno o la obligatoriedad a la firma de un contrato escrito.
Este encuentro se produce tras una serie de movilizaciones en todo el Estado en contra de la enmienda 6777 aprobada junto a los presupuestos para 2018, por la que se retrasa hasta 2024 la equiparación del sistema de cotización de estas trabajadoras al régimen general de la Seguridad Social. Esto supone, a su juicio, «no reconocer todos los derechos a las trabajadoras de hogar y de cuidados».
Durante la reunión, las trabajadoras del hogar y cuidadoras han trasladado más de 75 propuestas y acciones concretas, elaboradas y consensuadas en conjunto por todas las Asociaciones y Colectivos firmantes e incorporadas en un documento, entregado previamente a la Administración para su estudio.
En concreto, piden la equiparación «plena» de derechos laborales y protección social para las trabajadoras de hogar y cuidados, y plantean propuestas como: el reconocimiento de la prestación por desempleo, la igualdad de condiciones en el cálculo de las pensiones, la eliminación del despido libre en forma de desistimiento o la especial protección en un régimen interno «que debe tender a su desaparición por estar expuesto a la explotación laboral, múltiples formas de abuso y vulneración de derechos fundamentales».
En este sentido, sugieren la intervención de la inspección de trabajo en el sector y la implementación de instrumentos de control «real y efectivo» de las contrataciones y condiciones de la relación laboral, reconociendo, por ejemplo, «la obligatoriedad a la firma de un contrato escrito en todos los casos o al pago documentado de los salarios». Asimismo, reclaman medidas de «especial protección» ante situaciones de violencia sexual o abuso laboral con mecanismos específicos de protección «para asegurar entornos de trabajo libres de violencia».
También han pedido políticas públicas de cuidados «serias y eficientes» que combinen un sistema de atención a las personas en situación de dependencia con políticas de equidad y redistribución de los tiempos de vida laboral, personal y familiar, por ejemplo, «integrando los cuidados prestados en el domicilio en el sistema público de atención a las personas en situación de dependencia y el desarrollo de la autonomía personal».
UN 95% SON MUJERES
Igualmente, consideran fundamental la introducción de «la perspectiva de género» en toda la normativa que afecta al sector para evitar la «discriminación indirecta» de un colectivo compuesto en más de un 95 por ciento por mujeres, muchas de las cuales, según recuerdan, siguen trabajando con más de 64 años para cubrir su jubilación.
Por otro lado, teniendo en cuenta el «elevado» porcentaje de trabajadoras de origen migrante, piden que se reconozcan los derechos fundamentales de las más de 200.000 personas que se encuentran trabajando sin contrato en el sector y que se promueva la incorporación de sus cotizaciones a la hucha de la Seguridad Social.
Cada una de las medidas que proponen, según precisan, señala «un derecho no reconocido, una situación especial que mantiene una evidente discriminación respecto al conjunto de trabajadores y trabajadoras, quebrantando las normas fundamentales del ordenamiento jurídico y las directivas europeas e internacionales sobre igualdad y no discriminación».
Su demanda principal es «la integración plena al Régimen General de la Seguridad Social y estar amparadas por el Estatuto de los Trabajadores en todos sus puntos, considerando las peculiares características del entorno de trabajo, pero sin excepcionalidades en materia de protección social y laboral».
Asimismo, consideran «imprescindible» colocar en el centro del debate «la reorganización social, política y económica de los cuidados» y la responsabilidad del Estado en procurar la protección de los derechos sociales y laborales de todas y todos, cuidando a quienes cuidan y garantizando también el cuidado como derecho y no como privilegio accesible únicamente para aquellos que puedan pagarlo».
«La situación actual de las trabajadoras de hogar y de cuidados es insostenible –denuncian–. Vale ya de promesas y buenas intenciones. Las propuestas están servidas. Solo falta determinación política y hechos consecuentes».
