Europa Press – El Tribunal Penal Internacional (TPI) cumple 20 años este martes con los mayores progresos hacia el fin de la impunidad de «los crímenes que remueven la conciencia de la Humanidad» en su haber y con una larga lista de errores en su debe, un balance que sitúa a la corte de La Haya ante «grandes desafíos», de los cuales el mayor sigue siendo conseguir que sea «verdaderamente universal».
«La creación del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI– fue un hecho histórico en sí mismo», subraya a Europa Press el portavoz del TPI, Fadi El Abdalá. Richard Dicker, director de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), recuerda en una entrevista difundida por la ONG que fueron seis semanas de «locura» en Roma y tres años de duras negociaciones en Naciones Unidas.
«Fue necesario el trabajo de miles de diplomáticos, activistas y abogados», comenta El Abdalá. Y la sinergia de pequeños y medianos países para superar la oposición de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China, apostillan en una declaración conjunta Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, y su homólogo de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty.
Este «momento fugaz», como lo definen Roth y Shetty, venía precedido del impulso al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que paradójicamente dieron los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial, y del cercano recuerdo de las guerras de los Balcanes y el genocidio de Ruanda. «Lo que había sido imposible durante 30 años, finalmente se hizo realidad», celebra El Abdalá.
El 17 de julio de 1998 los estados miembro daban vida al Estatuto de Roma y el TPI comenzaría su andadura cuatro años después con el objetivo de perseguir «los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional» allá donde tengan lugar, aunque con más o menos dificultades dependiendo de si se trata de uno de los países firmantes o de un país ajeno.
Hoy, con 123 estados miembro –incluido España–, once países investigados por una «terrible violencia», otros diez casos en el punto de mira, ocho condenas dictadas, tres juicios en curso y «más de 400.000 supervivientes reconstruyendo sus vidas con el apoyo del Fondo Fiduciario para Víctimas del TPI», se puede decir que «la Justicia está en marcha», afirma El Abdalá.
UN FARO DE JUSTICIA
Para el jurista árabe, el auténtico mérito del TPI es ser la piedra angular de «un sistema de Justicia mas amplio que anima a los países a investigar y procesar los crímenes más graves», a «buscar colectivamente un mundo más justo», porque es una corte subsidiaria que solo se activa cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar.
Lanza «el claro y fuerte mensaje al mundo de que tales atrocidades», entre las que menciona algunas de ‘segunda generación’ como la violencia sexual, el uso de niños-soldado o la destrucción del patrimonio cultural, «no pueden quedar impunes». «Cada caso ante el TPI», explica El Abdalá, «tiene un impacto más amplio que el alcance del propio caso».
Además, «da voz y pone cara a las incontables víctimas que se sitúan en el corazón de sus procesos judiciales». En estas dos décadas, más de 13.000 víctimas han participado en los litigios que se han ventilado en el TPI para que sus historias no cayeran en el olvido.
LAS SOMBRAS
En este tiempo, el TPI también ha contribuido a rebajar las expectativas generadas. El último varapalo llegaba el pasado mes de junio, cuando la Sala de Apelaciones absolvió al señor de la guerra congoleño Jean-Pierre Bemba por los crímenes cometidos por los hombres a su cargo en la vecina República Centroafricana entre 2002 y 2003.
La condena contra el ex vicepresidente de República Democrática del Congo (RDC) se había convertido en un hito judicial porque por primera vez se juzgaba a un alto cargo, se juzgaba a un mando militar por los crímenes cometidos por sus tropas y se juzgaba la violencia sexual contra hombres, mujeres y niños como un crimen de lesa humanidad.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, expresó su preocupación por «ciertos aspectos» de la decisión de la Sala de Apelaciones por cuestionar principios consolidados. El Abdalá, en cambio, defiende que este fallo revocatorio confiere mayor «credibilidad» a La Haya porque confirma la pulcritud del proceso. «La Justicia no es solo condenar», recalca.
Dicker culpa directamente al antecesor de Bensouda, Luis Moreno Ocampo. «La mayoría de los cargos y casos que presentó durante la primera década del TPI fueron tumbados» porque «restó importancia a (la necesidad de llevar a cabo) investigaciones meticulosas».
«Los casos se vieron socavados por el acoso a testigos, algunos testigos desaparecieron y otros probablemente fueron asesinados», denuncia el jefe de Justicia Internacional de HRW. El portavoz admite que uno de los retos del TPI es mejorar la protección a los testigos.
BAJA AFRICANA
Las principales críticas al TPI proceden de los países africanos, que le acusan de ser una corte parcial centrada únicamente en las matanzas perpetradas en el continente negro. Burundi ha dado el paso de abandonar el Estatuto de Roma, una salida que se hizo efectiva el año pasado, y Kenia y Gambia han amenazado con hacerlo, aunque han dado marcha atrás.
El Abdalá enfatiza que el presidente burundés, Pierre Nkurunziza, decidió retirarse del TPI justo después de que Bensouda abriera una investigación preliminar por los crímenes cometidos durante la ola de violencia de 2015. «Los líderes abusivos lo han usado como táctica de autodefensa», declara Dicker sin tapujos.
De ser el caso, servirá de poco a Nkurunziza porque la salida implica que el TPI ya no podrá investigar los hechos posteriores a la retirada de Burundi, pero podrá indagar sobre los que sucedieron hasta entonces. «La Fiscalía ha sido autorizada a abrir una investigación (formal) sobre los mismos», remacha El Abdalá.
«El foco del TPI no está en un continente, un país, un partido o una comunidad concretos», sostiene el portavoz. Bensouda ha contribuido bastante a esta percepción porque ha centrado su atención en otras latitudes, como Venezuela, Afganistán o Filipinas, resalta Dicker.
HACIA LOS 193
El mayor obstáculo que ha encontrado el TPI es la falta de voluntad política, de acuerdo con HRW y AI. Síntoma de ello es que quince acusados siguen libres. Por ejemplo, el presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, debía haber sido entregado a La Haya en 2009 y ya se ha paseado por medio mundo. «Como el TPI no tiene su propia fuerza policial, depende de los países para implementar las órdenes de arresto», aclara El Abadalá.
Las limitaciones del TPI son aún más evidentes cuando se enfrenta a hechos ocurridos fuera del territorio de sus estados miembro. Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU decide si remite el caso a La Haya. Son los casos de Irak, Siria, Yemen, Birmania o Sudán del Sur. Por eso, aunque 123 de los 193 países que integran Naciones Unidas forman parte del TPI, «se necesitan más para que sea verdaderamente universal», reclama el portavoz.
«Es hora de renovar el compromiso con esta importante institución y de que otros estados se sumen», instan Roth y Shetty, alertando de que, a la luz de las masacres de los últimos años, «estos son los peligrosos tiempos que los fundadores anticiparon, advirtiendo en el tratado de que ‘el delicado mosaico (de la Humanidad) podía romperse en cualquier momento'».
«Puede que nuestra institución no sea perfecta», esgrime El Abdalá, «pero el movimiento global para la rendición de cuentas que comenzó hace 20 años sigue vivo. La gente en todo el mundo pide que sus líderes sean juzgados. Ya no se pregunta si debe haber un juicio, sino dónde y cuándo». «El TPI ha logrado que la Justicia sea una preocupación a nivel internacional», reivindica.
