Los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, firmarán este jueves el acuerdo de negociación colectiva 2018-2020 en presencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y de su predecesora, Fátima Báñez.
Aunque las partes alcanzaron un preacuerdo el pasado 25 de junio, la firma oficial del mismo se ha demorado unos días debido a que el texto debía someterse a los órganos directivos correspondientes de los agentes sociales.
Así, la Junta Directiva de la CEOE aprobó el acuerdo por unanimidad el pasado martes 26, mientras que el Consejo Confederal de CC.OO. lo ratificó el jueves 28. Ayer fue el turno del Comité Confederal de UGT, que ha dado el visto bueno al acuerdo tras la consulta realizada en la última semana a sus delegados y afiliados.
SUBIDAS PARA LOS SALARIOS MÁS BAJOS
El acuerdo contempla, por cada año de vigencia, aumentos salariales cercanos al 2% más un 1% variable ligado a determinados factores, como productividad, resultados o absentismo injustificado.
Los objetivos del acuerdo pasan por impulsar la creación de empleo, mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas y luchar contra la economía sumergida.
Consta de dos partes: el pacto de negociación colectiva en sí, de carácter bipartito, y un anexo donde sindicatos y empresarios mencionan una serie de temas que, de común acuerdo, quieren abordar con el Gobierno en el marco del diálogo social tripartito.
Además de subidas salariales de hasta el 3% por cada año de vigencia del acuerdo (2018-2020), los agentes sociales instan a que, de manera progresiva, se establezca un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales (1.000 euros al mes por catorce pagas).
Según cálculos de CC.OO., esta medida podría conllevar incrementos salariales en la mayoría de los convenios de entre el 12% y el 20% y, en algún caso concreto, podría suponer aumentos incluso de hasta el 38%.
Asimismo, y entre otros elementos, el acuerdo emplaza a las Administraciones Públicas a que, cuando haga contratos públicos, tenga en cuenta los criterios salariales establecidos en este pacto.
Al mismo tiempo, el acuerdo contempla la posibilidad de que los convenios incluyan cláusulas de revisión salarial, cuya redacción dejan a elección de los negociadores, y medidas para impulsar la renovación y actualización de los convenios mediante la articulación de reglas sobre vigencia, ‘ultraactividad’ y procedimiento negociador.
