El grupo municipal de Izquierda Unida-Málaga para la Gente ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento la nulidad del plan especial y de la licencia de construcción de un centro deportivo en Arraijanal, a cargo de una fundación que gestiona la familia Al Thani.
Como ya había anunciado en su día el portavoz de este grupo político, Eduardo Zorrilla, IU-MG estaba estudiando la impugnación del proceso y previo a ese paso se interpone esta acción de nulidad ante las administraciones autónoma y local.
Ambas tienen hasta seis meses para responder, y si no lo hacen en ese tiempo o rechazan la petición de nulidad, la coalición de izquierdas irá directamente a presentar un recursos contencioso-administrativo.
Zorrilla ha dicho esta mañana ante los medios que existen argumentos suficientes para justificar esta acción y lo que se pretende es evitar que Arraijanal se convierta “en un Algarrobico malagueño” y que “nos cueste una millonada” las posteriores sentencias.
El edil ha añadido que se trata de un proyecto “depredador e insostenible” y ha destacado la oposición histórica de IU-MPG al proyecto, en muchas ocasiones en solitario y que ahora hay voces en contra de asociaciones vecinales y movimientos ecologistas de renombre internacional.
La nulidad que exige tiene argumentos de peso y fundamentales, como la ausencia de la Evaluación Ambiental Estratégica, algo que no deja de sorprender cuando el POTAUM consideró de especial interés ambiental este espacio.
Igualmente, explica Zorrilla, se ha producido una tramitación defectuosa e incompleta del preceptivo informe en materia de aguas de la Cuenca Mediterránea, y hace una excepción con el promotor del proyecto urbanístico (el jeque Al Thani) y no le obliga a tramitar el proyecto de urbanización cuando es el centro deportivo el que necesitará infraestructura de servicios como agua, saneamiento, electricidad, etc.
La coalición ha interpuesto la acción de nulidad contra los acuerdos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) por la aprobación de la separata de las obras de urbanización y la concesión de la licencia de obras de la primera fase del proyecto. Entiende que se han omitido trámites esenciales y que se han buscado medidas para evitarle al promotor cumplir la normativa.
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