MADRID (Reuters) – Los partidos políticos han alcanzado un preacuerdo para que las pensiones se vuelvan a actualizar anualmente de acuerdo con la evolución del IPC al menos durante los años de crecimiento de la economía, aunque aún quedan algunos puntos por resolver en las negociaciones.
«Hemos constatado en el Pacto de Toledo la voluntad de volver al IPC para revalorizar las pensiones. Quedan matices, pero es un gran paso, dijo en Twitter Mercè Perea, portavoz socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo.
El grupo socialista, que acaba de llegar al gobierno tras una moción de censura que tumbó el Ejecutivo del PP, indicó en la misma red social que el preacuerdo contempla subidas con la inflación «durante los años de crecimiento» y que «ahora la derecha debe permitir que todas las pensiones crezcan con el IPC también en años de crisis, como defendemos los socialistas».
Hasta el cambio de gobierno no había habido un acuerdo entre los principales partidos sobre un tema muy sensible popular y electoralmente, con el reto de fondo de aplicar una reforma que refuerce la viabilidad del sistema ante los retos demográficos y económicos futuros.
En el Gobierno, el PP había acusado de demagogia a la oposición por presionarle para subir las pensiones al ritmo de la inflación, en un contexto de crecientes movilizaciones para que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los 8,7 millones de pensionistas del país.
Los sindicatos piden que se elimine la modificación de la reforma de las pensiones de 2013, que eliminó la revalorización conforme a la inflación, estableciendo un alza mínima del 0,25 por ciento con una fórmula que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y que establece una subida máxima del IPC más un 0,50 por ciento.
Además, solicitan la derogación del factor de sostenibilidad que entrará en vigor el próximo año y que vinculará el cálculo de las nuevas prestaciones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida.
Las negociaciones de los partidos sobre las pensiones se llevan a cabo en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que se creó en 1995 con el fin de analizar medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
