MADRID (Reuters) – El exministro de Justicia del PP y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón negó el jueves ante el juez que se cometieran irregularidades en la compra de una empresa colombiana por parte de la empresa pública de aguas madrileña, mientras él estaba al frente del Gobierno autonómico.
Ruiz Gallardón estaba citado a declarar el jueves en la Audiencia Nacional como investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en una de las piezas separadas del caso de presunta corrupción Lezo, que se centra en la gestión y las adquisiciones del Canal de Isabel II.
El magistrado Manuel García Castellón investiga si pudo haber una sobrevaloración en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001, como sostiene la Fiscalía.
«(La compra) Se hizo de acuerdo con la legalidad, con todos los informes jurídicos favorables», dijo Ruiz-Gallardón a los periodistas en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, tras prestar declaración.
El caso Lezo es otra de las investigaciones por corrupción que salpican al Partido Popular, que la semana pasada fue desalojado del Gobierno tras una moción de censura socialista después de publicarse la sentencia del caso Gürtel, que dio por acreditado que la formación se lucró de la trama de corrupción.
Con la declaración de Ruiz-Gallardón, que dirigió el gobierno regional entre 1995 y 2003, finalizaron los interrogatorios del juez sobre la compra de la empresa colombiana.
Según Gallardón, la adquisición «se hizo con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena para la institución, para el Canal de Isabel II, para la Comunidad de Madrid y por lo tanto de los madrileños».
Previamente esta semana también prestaron declaración por el caso Lezo el expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja y el que fuera consejero de presidencia madrileño Manuel Cobo, que también negaron irregularidades en la compra.
Como consecuencia de esta investigación, el expresidente madrileño entre 2012 y 2015 y principal investigado en la causa, Ignacio González, fue encarcelado provisionalmente por el presunto desvío de fondos autonómicos y los supuestos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, blanqueo y contra la hacienda pública, entre otros.
González fue finalmente puesto en libertad en noviembre pasado tras el pago de una fianza de 400.000 euros.
La investigación arrancó en 2016 cuando, a raíz de las denuncias de la oposición, la dimitida presidenta popular de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes puso en conocimiento de la Fiscalía irregularidades en el Canal de Isabel II.
