¿Se puede hablar de Pacto Educativo sin tener en cuenta a un colectivo, que, según cifras nacionales e internacionales, representa un 10% de la población en nuestro país?
Se cae por su propio peso: 800.000 estudiantes con dislexia sin representación en la comparecencia de la Comisión del Pacto Educativo! Con ello, el mensaje que se les transmite a niños, niñas, jóvenes y adultos, es que no le importan a la Administración, que no son lo suficientemente válidos, que no son escuchados. Cuando deberían ser debidamente atendidos, según la Convención Internacional de Derechos del Niño, y teniendo que cuenta que nuestra tan preciada Constitución Española debe velar por una Educación en igualdad de oportunidades.
Se vulnera uno de los derechos más básicos y universales, propios de una sociedad desarrollada y moderna. Además, los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje no están representados en el Consejo Escolar del Estado, a pesar de ser un colectivo reconocido internacionalmente en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, DSM-52 y CIE-103, como trastornos del neurodesarrollo. No tiene sentido siendo éste objeto de investigación en la mayoría de las Universidades de nuestro país y fenómeno clave en el mayor centro europeo neurocientífico, BCBL4.
Nuestra Administración ignora o desatiende a estos niños y niñas no solo en edades tempranas sino durante todo su desarrollo académico. Esto repercute a medio y largo plazo, en un aumento considerable del gasto público en sectores como la Sanidad
Pública, Asuntos Sociales y el sistema penal, debido al alto riesgo de abandono escolar, y exclusión social, que representa gran parte de este alumnado no detectado.
El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje están excluidos de las únicas ayudas económicas, que el Ministerio convoca a nivel nacional para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de ser parte de él, según la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Estas necesidades específicas de apoyo educativo no solo no están siendo atendidas sino que además el estudiante se ve penalizado por su dificultad. Y las familias, por buscar apoyo fuera del ámbito escolar, que debería ser atendido en su entorno educativo, detectando sus dificultades específicas de aprendizaje en edad temprana. Pero lamentablemente, esto sigue sin reflejarse en la realidad.
Por lo que se hace totalmente necesaria la ayuda económica para la para acceder a la intervención logopédica y psicopedagógica fundamental para el desarrollo académico de este alumnado.
España padece una enorme brecha en la legislación educativa, con respecto a los países más avanzados de la Unión Europea, como se aprecia en el siguiente gráfico, donde se evidencia una realidad realmente vergonzosa y grave en nuestro país en relación con otros países de la Unión Europea: http://www.diszlexia.hu/DyslexiaLegislationTable.pdf
Se supone que uno de los puntos que el Pacto Educativo recoge es el referido a la inclusión y equidad educativa y, aunque estos términos ya vienen recogidos en el artículo 79 bis de la LOMCE: “Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios” para el alumnado con dificultades de aprendizaje, la realidad a la que se siguen enfrentando cientos de miles de estudiantes y sus familias en todas las Comunidades Autónomas, es que estos recursos no llegan nunca y no se materializan de forma alguna. Seguimos estando en la gran brecha educativa en el que las familias continúan sufriendo, diariamente.
La Plataforma Dislexia lucha por hacer valer los derechos del colectivo de personas que tienen dificultades específicas de aprendizaje. Se ha reunido con todos los grupos políticos en los organismos públicos, autonómicos y del Gobierno Central para demandar su visibilidad en nuestra sociedad y acabar con esta gran discriminación en el ámbito educativo y sociolaboral. A pesar del gran esfuerzo realizado, todo ha quedado en palabras vacías. A día de hoy, ni la administración ni los diferentes partidos políticos han contribuido a darle un giro de una vez por todas a esta penosa
situación en nuestro país, un cambio que centenares de miles de niños, niñas, jóvenes y adultos necesitan desesperadamente.
Todas las negociaciones y votaciones del Pacto Educativo se realizan a puerta cerrada, a espaldas de nuestra sociedad y se desconocen los resultados. Es por ello, que preguntamos:
¿Realmente el Pacto Educativo persigue introducir cambios? Cambios tan necesarios para el bienestar de nuestra sociedad, supuestamente desarrollada y avanzada en una Europa plural y democrática.
¿Podemos esperar, que se vaya a avanzar hacia una ley de educación, que este país, y nuestros hijos e hijas tanto necesitan y merecen?
La Plataforma exige al Pacto Educativo una ley de carácter vinculante, que asegure que todas las personas con dificultades específicas de aprendizaje tengan derecho a una educación en condiciones de equidad e igualdad. Demandamos una legislación que contemple:
- Una definición oficial y legal de la dislexia y sus dificultades asociadas, a nivel nacional
- Nombrar de manera específica las distintas dificultades específicas de aprendizaje: la dislexia, la disgrafía, la disortografía y la discalculia.
- Introducir, en todos los centros, protocolos de detección, de atención temprana y durante todas las etapas educativas, además de programas de intervención específicos.
- Llevar un censo de todos los estudiantes con dificultades específica en las diferentes etapas educativas de la enseñanza obligatoria y no obligatoria.
- Introducir desde Infantil planes individualizados y personalizados; adecuaciones específicas en evaluaciones, tanto en educación obligatoria, como no obligatoria y en educación adulta.
¡Es hora de atender a este colectivo! http://www.dislexiamalaga.com
