La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha mostrado esta mañana a la prensa la instrucción 12/2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece el protocolo para la custodia de detenidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha probado así que al menos en cuatro puntos fue violada el pasado 13 de enero, cuando la policía nacional trasladó al polideportivo de Ciudad Jardín, una instalación municipal, a un grupo de 60 personas migrantes, procedente de un contingente rescatado en nuestras aguas. Con la connivencia del equipo de gobierno, el polideportivo municipal fue transformado en un calabozo, pero incluso así estas personas pasaron en él más de las 72 horas máximas que marca la ley antes de entrar a disposición judicial, por lo que en la práctica «también se convirtió en un CIE».
La instrucción a la que Torralbo se ha referido obliga a que todas las áreas de detención cuenten con medidas de emergencias y seguridad, con ventilación y climatización correcta, con una celda por detenido (independientemente de la capacidad máxima de cada una) y con vídeo-vigilancia para garantizar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de libertad y la de los funcionarios policiales. Lejos de cumplirse estas medidas, las 60 personas fueron recluidas en un semisótano húmedo, incomunicadas y custodiadas por la policía nacional, que ni siquiera permitió el acceso a las concejalas de Málaga Ahora, «porque no se trataba de una acogida, sino de una detención, cuando ninguna de esas personas había cometido delito alguno».
Su grupo presentará una moción al pleno de este jueves para que no se use ninguna instalación municipal como calabozo ni centro de internamiento temporal para migrantes, una práctica que, como ha recordado la portavoz, ya ha sido duramente cuestionada por el defensor del pueblo. A este respecto, ha incidido en que, al contrario de lo que en un primero momento comunicó el equipo de gobierno, la Cruz Roja no estuvo al cuidado de estas personas, sino que únicamente pudo proveerles en un inicio de algunas mantas y algo de ropa. En cualquier caso, la concejala le ha recordado al gobierno de De la Torre que ningún convenio con organizaciones o fuerzas de seguridad para uso de infraestructuras municipales puede estar por encima de la instrucción actual. Igualmente, la moción recuerda que el Ayuntamiento ha declaro el municipio libre de este tipo de centros de internamiento, lo que de nuevo se ha incumplido. No en vano, la detención de esas personas durante más de 72 horas viola incluso la Ley de Extranjería. Málaga Ahora pedirá también que en situaciones de acogida o retención de personas migrantes en instalaciones municipales se permita el acceso a los miembros de la corporación.
Ocho de marzo: huelga feminista
Torralbo ha estado acompañada del resto de concejalas de su formación. Rosa Galindo ha anunciado que también presentarán una moción, tanto en el pleno municipal como en el provincial, para que el Ayuntamiento (la Diputación, en su caso) apoye el paro de mujeres convocado para el próximo 8 de marzo, Día internacional de la mujer. El paro, convocado por distintos colectivos internacionales y secundado por varios sindicatos, pide, como entre otras medidas refleja la moción de Málaga Ahora, instar al gobierno central a ratificar las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar condiciones dignas a las empleadas domésticas, así como a que el municipio aumente el presupuesto de las escuelas infantiles, la lucha contra la feminización de la pobreza, las viviendas para víctimas de la violencia machista y su prevención, que este año se ha cobrado 96 víctimas mortales en España. «Sin nosotras el mundo se para», ha sentenciado Galindo.
Tal y como anunció ayer la concejala Isabel Jiménez, la candidatura ciudadana volverá a defender una moción para que el Ayuntamiento cumpla de una vez sus reiteradas promesas y Arroyo España, la barriada del Puerto de la Torre, cuente con asfaltado en todas su calles, alcantarillado y alumbrado correcto, así como servicio de microbús para sus más de 300 familias, «que tienen los centros de salud o escolares a más de 3 kilómetros de distancia».
