El martes 16 de enero, Bangladesh y Birmania formalizaron y oficializaron el acuerdo (que ya se había alcanzado en noviembre del año pasado) para diseñar un plan de repatriación de dos años para los refugiados rohingya. Prevé la creación de cinco campamentos de tránsito en suelo bengalí y dos campamentos de acogida en territorio birmano. El número de rohingyas que escaparon de la región de Rakhine (que representaba un tercio de la población total), tras el pico de violencia de finales de agosto, ascendió a unas 750.000 personas. La ejecución del plan, prevista inicialmente para el martes 23 de enero, se ha aplazado hasta finales de mes, mientras que la duración estimada para toda la evolución del proyecto es de unos dos años.
Contrariamente a lo que podría sugerir el panorama general, la situación en Birmania no parece haber mejorado en comparación con los últimos meses. Maung Zarni, activista birmana de derechos humanos, denunció en una entrevista concedida a “Al Jazeera” el 10 de enero, cómo el camino emprendido por el gobierno del país sigue siendo el de la negación de lo que la ONU ha definido repetidamente como una verdadera “limpieza étnica” en detrimento de la minoría musulmana.
Francesco Maria Cricchio