Esta es la carta que en nombre de nuestro grupo ha entregado Ysabel Torralbo al alcalde de Málaga después de que el ayuntamiento prestara el polideportivo municipal de Ciudad Jardín para que se usara como calabozo de unas sesenta personas migrantes llegadas el pasado sábado al puerto de la ciudad.
Estimado Alcalde:
El pasado sábado 13 de enero tuvimos conocimiento de la llegada al puerto de Málaga de dos pequeñas embarcaciones en las que viajaban al menos 109 personas migrantes, que posteriormente, tras la primera atención a manos de Cruz Roja, fueron trasladadas por la Policía Nacional a distintas instalaciones. En el grupo había mujeres embarazadas que recibieron atención de los servicios médicos, y menores no acompañados que fueron dirigidos a la tutela de la Junta de Andalucía. Nueve mujeres fueron alojadas en el polideportivo de la comisaría provincial y unos 50 varones en los calabozos, mientras que se trasladaba a otras 60 personas al Polideportivo municipal de Ciudad Jardín. Las cifras son aproximadas porque la opacidad de estas actuaciones nos impide conocer el número exacto ni algo tan importante como si había personas demandantes de asilo internacional, tal y como ya reflejamos en moción aprobada en pleno con la intención de que se realicen los acuerdos pertinentes con el Colegio de Abogados para así disponer de esta información en situaciones similares.
El lunes 15 de enero tuvimos conocimiento de que las personas trasladadas al polideportivo municipal se encontraban bajo custodia policial y nadie podía comunicarse con ellas, como varios medios de prensa intentaron.
Se estaba usando una infraestructura municipal como calabozo, algo del todo ilegal, puesto que se carecía de cualquier protocolo o actuación tramitada para poder alterar los usos del espacio.
Mi compañera Isabel Jiménez y yo nos personamos en el Polideportivo esa misma mañana, donde en primer lugar nos identificamos y hablamos con los trabajadores municipales, que obviamente no sabían gran cosa, más allá del lugar donde estas personas se encontraban recluidas e impedida su movilidad: una sala bajo la grada donde antiguamente se practicaba gimnasia rítmica, aunque sin uso actual debido a su altura insuficiente, toda vez que se trata de un semisótano con bastante humedad.
Fuimos acompañadas hasta la entrada de esta sala, donde 5 agentes de la Policía Nacional, de guardia en aquellos momentos, rápidamente cerraron la puerta, de modo que nos impidieron cualquier contacto visual con las personas recluidas. Nos aseguraron que esa era una zona de control policial en la que no podíamos permanecer, ni siquiera identificadas como concejalas del Ayuntamiento de Málaga. Nuestra intención, como pusimos de manifiesto, era comprobar cómo se encontraban estas personas y si sus necesidades básicas estaban cubiertas. Los agentes nos respondieron que debían comunicarse con la Central, y nos invitaron a abandonar el lugar. A los pocos minutos nos informaron de que nuestro acceso quedaba denegado, circunstancia del todo inconcebible y que corroboró que aquellas personas, en efecto, estaban detenidas en las instalaciones municipales. Se estaba usando, por tanto, una infraestructura municipal como calabozo, algo del todo ilegal, puesto que se carecía de cualquier protocolo o actuación tramitada para poder alterar los usos del espacio.
Periodistas interesados en saber cómo se había realizado esa cesión contactaron con el servicio de prensa del Ayuntamiento. De esa manera fueron informados de que la cesión se había realizado a Cruz Roja. No obstante, enseguida esta organización negó que ninguna de estas personas se encontrara bajo su responsabilidad, sino que, por el contrario, su actuación se había limitado a suministrarles algo de mantas y ropa, pero que ninguna de sus miembros les estaba acompañando.
Si se siguen las políticas iniciadas por nuestro gobierno central y su Ministerio de interior este grupo denunciará al Ayuntamiento de Málaga por vulneración de derechos, prevaricación y colaboración necesaria en detención ilegal.
Nuestro grupo municipal entiende que, tras un rescate en el mar, las necesidades que puedan surgir y la atención y acogimiento que estas personas no son pequeñas, motivo por el que, de hecho, apoyamos cualquier acción encaminada a dotar de recursos a las asociaciones que las atienden, incluso espacios municipales como el polideportivo. Sin embargo, lo que no podemos tolerar es que ese espacio se convierta de facto en un calabozo para personas que, por añadidura, ni siquiera han cometido delito alguno, hasta el punto de que se hayan superado las 72 horas que de máximo prevé la ley antes de pasar a disposición policial, por lo de, de golpe, el polideportivo municipal pasó de calabozo a CIE: un espacio sin derechos, sin control y sin posibilidad de contacto con las personas que se interesan por la situación de las personas internas. Además, esta se ha vulnerado nuestro derecho de acceso a las instalaciones municipales.
Creemos muy necesaria una inmediata explicación, y por supuesto que no vuelvan a repetirse estos hechos, para lo que nuestro grupo solicita que a partir de este momento reciba información puntual de todas las acciones que el equipo de gobierno tome en futuros acogimientos. Aquellas acciones que se encardinen en una necesaria asistencia humanitaria y en el respeto a los derechos humanos contarán con nuestro apoyo unánime. Si, por el contrario, se siguen las políticas iniciadas por nuestro gobierno central y su Ministerio de interior, que menoscaban derechos fundamentales recogidos incluso en la propia Ley de Extranjería, este grupo denunciará al Ayuntamiento de Málaga por vulneración de derechos, prevaricación y colaboración necesaria en detención ilegal.
Esperando una satisfactoria respuesta por su parte, en aras de mejorar la asistencia a las personas migrantes que obviamente seguirán llegando a nuestra ciudad, y evitar situaciones como la ocurrida, reciba un cordial saludo,
Ysabel Torralbo, portavoz del Grupo Municipal Málaga Ahora.
