La vida tras la patera: trabas para pedir asilo, arbitrariedad e inseguridad

Obstáculos para pedir asilo, instalaciones deficitarias, la «pésima» identificación de menores e inseguridad jurídica son algunos de los «muros» con los que toparon los inmigrantes que llegaron en 2017, ante cuyo incremento España solo supo reaccionar con decisiones «arbitrarias» e «improvisadas».
Es lo que ha denunciado hoy la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) durante la presentación del informe «Los muros invisibles tras la frontera sur», en la que ha aludido al récord registrado el año pasado en la entrada de inmigrantes, especialmente por mar, que se disparó un 165 %.
Así, y recogiendo los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, ha recordado que un total de 28.349 personas llegaron a España, 22.103 de ellas a bordo de pateras y más de 6.800 por Ceuta y Melilla.
Todo ello convirtió el Mediterráneo español en la tercera vía de entrada a Europa, que pasó a suponer el 2 % de todas las llegadas al 13 %.
Un aumento que achaca al cierre de otras rutas y también a «la situación cada vez más crítica» en Marruecos, donde el desmantelamiento de campamentos ha provocado que población subsahariana que «no tenía previsto» cruzar la frontera se haya visto obligada a intentarlo.
También por las protestas en el Rif, que han conllevado la detención de 1.400 personas, según ha señalado la vicepresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Khadija Ainani.
No obstante, la mayor parte de inmigrantes, el 56,7 %, eran subsaharianos, aunque la organización ha llamado la atención sobre la presencia de personas de origen asiático, como Bangladesh o Pakistán, que tradicionalmente no entran por la ruta española pero que el año pasado lo hicieron por Ceuta y Melilla.
De esas poco más de 22.000 entradas ilegales, 6.791 lo hicieron por el Estrecho hasta la provincia de Cádiz, 5.680 por la ruta Nador-Almería, 3.833 por la de Nador-Granada, 2.300 por Tánger-Málaga, 1.717 por Argelia-Murcia y 423 por Canarias.
Aunque el 98 % de estas personas logran ser rescatadas -Salvamento Marítimo recogió a 17.395 personas en aguas andaluzas y a otras 2.720 al Este del Mediterráneo-, «no reporta» las vidas perdidas en sus tareas, según ha indicado Galán.
¿Pero qué ocurre después? Una vez llegadas a puerto, y tras ser atendidas por los servicios de Cruz Roja, son puestas a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado, que las mantienen en calidad de detenidos durante un máximo de 72 horas.
Y es a partir de aquí cuando comienza una cadena de «arbitrariedades» e «improvisaciones», dependiendo del lugar al que lleguen, de forma que si es en Málaga, podrán acabar en una carpa desmontable, y si es en Motril, en el «hedor de aguas residuales» de una lonja de pescado, ha detallado la directora de políticas de CEAR, Paloma Favieres.
Igual de preocupante le resulta a esta organización el envío sistemático a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), incluso de «mujeres embarazadas y menores», sin tener en cuenta sus situaciones individuales.
O las dificultades para que puedan recibir una asistencia jurídica adecuada, con casos en los que cuando son atendidos por un abogado ya se ha abierto el expediente de devolución o no cuentan con un intérprete para declarar.
A todo ello se suma las trabas para que puedan solicitar protección internacional. Sobre ello, Galán ha asegurado que «la Policía Nacional no está autorizando la entrega del folleto informativo», una medida «disuasoria» que explica en gran medida las bajas cifras de peticiones de asilo o incluso su inexistencia, como ocurre en la oficina de Ceuta.
CEAR ha señalado además que tanto en la costa andaluza como en Canarias, Ceuta y Melilla la identificación de los menores de edad no acompañados puede llegar a ser «pésima», y también la de las mujeres víctimas de trata procedentes de Nigeria, Costa de Marfil, Guinea Conakry o República Democrática del Congo.
Ante esta situación, la organización ha urgido al Gobierno a elaborar de forma urgente un plan de acción a nivel estatal, que incluya un protocolo de actuación ante la llegada de personas migrantes y refugiadas a costas españolas, que augura seguirá aumentando este año. EFE