La Audiencia de Sevilla ha retomado el juicio por prevaricación, malversación y asociación ilícita contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se enfrentan a entre dos y diez años de cárcel por idear o mantener un «procedimiento específico» por el que del 2001 al 2011 la Junta dio 854 millones en ayudas de forma «arbitraria» y «sin control».
El juicio se ha retomado hoy con la exposición de las cuestiones previas que las partes piden al tribunal que analice y resuelva antes de comenzar con el interrogatorio de los acusados y más de un centenar de peritos y testigos.
Unas cuestiones previas que han deparado dos sorpresas que podrían alterar tanto la relación de testigos prevista como el objeto mismo de los hechos que se enjuician y retrotraer la causa a la fase de instrucción.
Así, el PP andaluz -que ejerce la acusación popular- ha pedido incorporar 31 nuevos testigos, entre ellos la actual presidente andaluza, Susana Díaz, por su «amplio conocimiento de los hechos» mostrado en diversas comparecencias públicas.
Ha argumentado además que durante su etapa como consejera de Presidencia «se aprobó y tramitó el decreto de medidas extraordinarias y urgentes de protección social para trabajadores y extrabajadores afectados por procesos de regulación de empresas que vino a convalidar parte de las subvenciones otorgadas».
Junto a Díaz, el PP también ha pedido que testifiquen el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por la ayuda que recibió el Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) bajo su alcaldía, y la exconsejera de Presidencia Mar Moreno, que llegó a estar investigada si bien el Supremo -ante el que declaró al ser aforada como senadora- archivó la causa contra ella.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al tribunal un «pronunciamiento expreso de la delimitación objetiva de este procedimiento».
En concreto, ha pedido que aclare si para los encausados «este enjuiciamiento sólo se debe referir al diseño del procedimiento general» por el que se concedían las ayudas o «si procede debatir y por tanto enjuiciar y sentenciar cada una de las ayudas» dadas, entre «250 o 270» que se investigan en piezas separadas tras la división del caso ERE que hizo la jueza María Núñez Bolaños en julio del 2015.
En el segundo supuesto, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha avanzado que pedirá que se traigan a este juicio las diligencias practicadas en esas otras piezas, incluidos los testigos, muchas de las cuales aún ni han comenzado a investigarse pues sólo hay diligencias formales incoadas de «unas 104» de las que «en unas 35» hay imputados empresarios y trajadores beneficiarios, mediadores y conseguidores.
Si la petición del PP ha sorprendido al Gobierno andaluz, que le ha acusado de hacer «el ridículo», la del fiscal ha provocado una airada reacción en las defensas por cuestionar ahora el objeto del proceso y en caso de redefinirse exigirles replantear su estrategia.
En cuanto a las cuestiones previas de las defensas, han pedido al tribunal que expulse a Manos Limpias como acusación popular, petición rechazada por la Fiscalía (el PP no se ha pronunciado).
El letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha hecho esta petición en representación de las defensas alegando que sería una «burla a la Justicia, una afrenta al tribunal y un escarnio» mantener como acusación a una organización cuyo secretario general, Miguel Bernard, es investigado -llegó a estar en prisión- por la Audiencia Nacional por presuntamente, en connivencia con Ausbanc, denunciar a personas para extorsionarlas luego pidiéndoles dinero a cambio de retirar la denuncia.
La defensa de Griñán ha pedido anular la instrucción desde enero del 2016, cuando la asumió el juez de refuerzo Álvaro Martín -que la concluyó y envió esta pieza a juicio- por vulneración del derecho fundamental al juez natural predeterminado, el titular del juzgado (inicialmente Mercedes Alaya y luego María Núñez).
Unas cuestiones previas que han deparado dos sorpresas que podrían alterar tanto la relación de testigos prevista como el objeto mismo de los hechos que se enjuician y retrotraer la causa a la fase de instrucción.
Así, el PP andaluz -que ejerce la acusación popular- ha pedido incorporar 31 nuevos testigos, entre ellos la actual presidente andaluza, Susana Díaz, por su «amplio conocimiento de los hechos» mostrado en diversas comparecencias públicas.
Ha argumentado además que durante su etapa como consejera de Presidencia «se aprobó y tramitó el decreto de medidas extraordinarias y urgentes de protección social para trabajadores y extrabajadores afectados por procesos de regulación de empresas que vino a convalidar parte de las subvenciones otorgadas».
Junto a Díaz, el PP también ha pedido que testifiquen el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por la ayuda que recibió el Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) bajo su alcaldía, y la exconsejera de Presidencia Mar Moreno, que llegó a estar investigada si bien el Supremo -ante el que declaró al ser aforada como senadora- archivó la causa contra ella.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al tribunal un «pronunciamiento expreso de la delimitación objetiva de este procedimiento».
En concreto, ha pedido que aclare si para los encausados «este enjuiciamiento sólo se debe referir al diseño del procedimiento general» por el que se concedían las ayudas o «si procede debatir y por tanto enjuiciar y sentenciar cada una de las ayudas» dadas, entre «250 o 270» que se investigan en piezas separadas tras la división del caso ERE que hizo la jueza María Núñez Bolaños en julio del 2015.
En el segundo supuesto, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha avanzado que pedirá que se traigan a este juicio las diligencias practicadas en esas otras piezas, incluidos los testigos, muchas de las cuales aún ni han comenzado a investigarse pues sólo hay diligencias formales incoadas de «unas 104» de las que «en unas 35» hay imputados empresarios y trajadores beneficiarios, mediadores y conseguidores.
Si la petición del PP ha sorprendido al Gobierno andaluz, que le ha acusado de hacer «el ridículo», la del fiscal ha provocado una airada reacción en las defensas por cuestionar ahora el objeto del proceso y en caso de redefinirse exigirles replantear su estrategia.
En cuanto a las cuestiones previas de las defensas, han pedido al tribunal que expulse a Manos Limpias como acusación popular, petición rechazada por la Fiscalía (el PP no se ha pronunciado).
El letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha hecho esta petición en representación de las defensas alegando que sería una «burla a la Justicia, una afrenta al tribunal y un escarnio» mantener como acusación a una organización cuyo secretario general, Miguel Bernard, es investigado -llegó a estar en prisión- por la Audiencia Nacional por presuntamente, en connivencia con Ausbanc, denunciar a personas para extorsionarlas luego pidiéndoles dinero a cambio de retirar la denuncia.
La defensa de Griñán ha pedido anular la instrucción desde enero del 2016, cuando la asumió el juez de refuerzo Álvaro Martín -que la concluyó y envió esta pieza a juicio- por vulneración del derecho fundamental al juez natural predeterminado, el titular del juzgado (inicialmente Mercedes Alaya y luego María Núñez).
