El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado hoy que su formación no descarta medidas judiciales contra el Gobierno del PP por el uso de la cárcel de Archidona (Málaga) para el ingreso de inmigrantes, ya que, a su juicio, se están vulnerando derechos fundamentales.
Garzón y el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, se han reunido hoy con diferentes colectivos que están denunciando la situación de los inmigrantes en la cárcel de Archidona desde hace más de un mes.
El dirigente de IU ha señalado que no solo se pueden estar produciendo «irregularidades en el procedimiento», sino que hay «menores de edad que siguen estando allí, en una cárcel» y que están compartiendo recinto con personas mayores de edad.
Esta situación, a juicio del coordinador general de IU, «vulnera absolutamente cualquier normativa, ya no solo sobre los refugiados, sino incluso la normativa normal penitenciaria» y ha calificado de «lamentable» que esto esté sucediendo en España.
Para Garzón, son «personas que por el hecho de ser más pobres son tratadas desigualmente por parte de nuestras leyes», por lo que ha insistido en que van a luchar para «normalizar la situación» y que lo ocurrido en Archidona no sea «una vía de entrada» para instaurar un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Málaga.
Por su parte, Maíllo ha insistido en que «se han saltado las leyes, todas las habidas y por haber, en procedimientos de expulsión de refugiados que fueron trasladados y encarcelados».
Maíllo ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que «si está en contra del tratamiento que se les ha dado a los refugiados que lo demuestre» y que obligue a que en las pruebas oseométricas para determinar la edad se garanticen los derechos de las personas, entre otros que estén acompañados de letrados.