El atropello al Derecho Fundamental a la huelga por parte de las Consejerías de Salud y Empleo de la Junta de Andalucía, vía servicios mínimos del 90% en 061 y 80% en 112 marcan nuevamente el talante autoritario y antisocial de la Administración andaluza y de Susana Diaz.
La asesoría jurídica de CGT ya trabaja en la impugnación de los servicios mínimos impuestos por decreto por la Junta para defender la gestión de las empresas comisionistas contra los derechos básicos de los/as trabajadores/as de los servicios de emergencias. Curiosamente se exige que en los días de huelga trabajen más compañeros/as que lo hacen habitualmente, se puede afirmar que la huelga en los servicios de emergencias de Andalucía genera empleo.
La EPES 061 (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) no conforme con el 90% de servicios mínimos decretados exige a sus empresas comisionistas Konecta BTO e Ilunion Emergencias el 95% de servicios mínimos al decretar unilateralmente los días de huelga como días de alta frecuentación, las empresas encantadas de que se secuestre aún más el derecho Fundamental a la Huelga.
Pero aún hay más, en el 112 la empresa Ferrovial, adjudicataria del servicio, se salta directamente el decreto de servicios mínimos e impide “manus militaris” el ejercicio del derecho Fundamental a la huelga de los Coordinadores de sala de emergencias y gestores de enlace, discriminándoles, al excluirlos del supuesto sorteo para la designación de quienes tendrán servicio mínimo y quienes podrán ejercer su derecho a la huelga en aquellos centros de trabajo donde al menos haya programados tres trabajadores/as en los turnos, dado que, donde son menos, directamente se les veta la posibilidad de ejercicio del Derecho Fundamental, como por ejemplo, Huelva, Córdoba…
De todas estas actuaciones antihuelga conocerán los tribunales de justicia y procuraremos que lleguen al parlamento andaluz ante la absoluta indefensión en la que quedan los trabajadores/as de emergencias 112 y 061, también para poder ejercer su Derecho Fundamental a la Huelga.
La comunión de intereses entre el Gobierno andaluz y las empresas privadas que se lucran millonariamente con las desgracias de la ciudadanía andaluza vuelve a quedar patente una vez más, pero CGT no se resigna a seguir poniendo todos sus medios sindicales y jurídicos para destapar esta trama que muy bien puede esconder otro caso de corrupción millonaria en Andalucía.
Federación andaluza transportes CGT
