La próxima semana el Gobierno Andaluz aprobará el decreto sobre la nueva Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, para familias sin recursos ni ingresos y para luchar contra la marginación y la pobreza en la comunidad. Este decreto sustituye al Ingreso mínimo de solidaridad y contempla garantizar su percepción como un derecho (incluso compatible su percepción con un empleo de un mes o menos).
Esta medida que amplía a 12 meses la percepción del salario, nace con el consenso de organizaciones sociales y sindicales.
María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales, espera beneficiar con esta renta a más de 45.000 unidades familiares lo que implica dar cobertura al menos a 120.000 personas. La partida presupuestaria para el 2018 para esta medida está cifrada en 198 millones de euros.
Según el Informe AROPE 2017, en Andalucía hay 3.407.841 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social de las que 832.252 están en pobreza severa. Los presupuestos de la Junta para 2018 según éste artículo se han aprobado destinan 198 millones de euros para una Renta Mínima de Inserción. Repartidos solo entre los andaluces en pobreza extrema les corresponde a cada uno 238 euros al año, 65 céntimos al día. Eso no es digno. La señora Consejera de Igualdad está orgullosa de ésos presupuestos, los presupuestos que sostienen la desigualdad y la pobreza.
Esta renta tiene ciertas ventajas aunque es insuficiente. Una de las novedades de esta renta es que si alguien que la esté cobrando encuentra un empleo temporal de menos de un mes, no pierde su derecho y aunque se suspende por ese tiempo, puede reanudar la prestación. Otra novedad es que también pueden solicitarlo varias unidades familiares sin parentesco que convivan en el mismo domicilio.
La prioridad para acceder a la renta estará dada a familias con hijos e hijas menores, madres o padres solos o víctimas de violencia machista.
