En el 44 día en huelga de hambre, cuando la doctora que controla el estado de salud de Paco Vega le recomienda que comience la realimentación, se ha reunido esta misma mañana con el Vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que manifiesta hacerlo en nombre de la Presidenta.
El resultado de la entrevista es que la Junta «Se compromete a retomar las negociaciones sobre el salario mínimo de inserción». Según ha manifestado Paco a través de las redes sociales «Hemos logrado romper el cerco. La esperanza, triunfa sobre la oscuridad. La lucha sigue»
Recordamos que el día 10 de octubre Paco Vega y Demetrio Cano Melero iniciaron una huelga de hambre indefinida reivindicando para todos los Andaluces una renta básica suficiente para unas condiciones dignas de existencia.
Posteriormente se unieron a la huelga de hambre , Feliciana Mora Moreno y Mario Arias Dietrich, en Málaga, reivindicando igualmente el cumplimiento del derecho a la renta básica recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo 23 dice así: “Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”.
Según el Informe AROPE 2017, en Andalucía hay 3.407.841 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social de las que 832.252 están en pobreza severa. Son andaluces que tienen un derecho legalmente establecido a vivir dignamente pero a los que “los poderes públicos” no están atendiendo.
Han hecho falta 44 días donde se ha puesto en riesgo la salud de las personas para que la clase política tome en cuenta una reivindicación que simplemente pide que se cumpla la ley del estatuto de Andalucía aprobado en su momento por todos los partidos políticos, hace ya más de 10 años. Todo hubiera sido mas fácil si los activistas hubieran sido recibidos por las instituciones en un principio, pero seguimos viendo la separación y la distancia entre los políticos electos y la ciudadanía.
«Ahora se ha conseguido romper el cerco», pero queda que en los presupuestos para el 2018, que en este momento se están debatiendo, y donde se prevén 198 millones para la renta minima de inserción, se aumente ésta partida que es a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades, tanto en número de personas, como en cuantía de la misma, según manifiestan los activistas.
