Desde el pasado jueves han sido más de mil inmigrantes los que han llegado en patera a las costas españolas. De ellos 562 proceden de Argelia.
La noticia de que más de medio millar de inmigrantes fueron trasladados al centro penitenciario de Archidona (la segunda cárcel que contará la provincia andaluza y que todavía no ha sido inaugurada), me parece muy fuerte.
Según el Ministerio del Interior, el centro se encuentra perfectamente equipado con habitaciones cuádruples, enfermería, comedor, economato, espacio para TV, entretenimiento y zona deportiva. Dicen que será el hogar provisional de los inmigrantes hasta que puedan documentar su situación para poder ser expulsados a sus países de origen. Una medida de carácter «temporal» y «extraordinaria» ante «la imposibilidad» de alojarles en los centros existentes en la zona.
Arantxa Triguero, presidenta de Málaga Acoge, ha dicho «nos oponemos radicalmente a que estas personas sean trasladadas a una cárcel», considerando, además, que «con ello se están vulnerando sus derechos fundamentales».
A juicio de Triguero, con el traslado de estas personas a este centro penitenciario malagueño, «se produce una privación de libertad ilegítima en un lugar no habilitado para ello», y ha recordado, a través de un comunicado, que «la ley y el Tribunal Constitucional establecen que los Centros Internamiento de Extranjeros no pueden tener carácter penitenciario y el centro de Archidona lo tiene».
No solo Málaga Acoge critica la medida del gobierno. Son muchas las organizaciones (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía APDHA, la Federación SOS Racismo, Médicos del Mundo o la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado) y ciudadanos que están en desacuerdo.
Por otra parte surge nuevamente la pregunta: ¿pueden privar de libertad a alguien cuyo único delito es puramente administrativo? ¿Pueden detener a alguien que busca una vida mejor y más digna? ¿Y dónde quedan los derechos humanos?
