El Foro de Asuntos Sociales de la red Eurocities, presidido por Barcelona, acuerda un posicionamiento común en Göteborg (Suecia) bajo el título “Social rights for all”
Las principales ciudades de la Unión Europea piden voz propia al continente y que una parte de la inversión asociada al Pilar Europeo de Derechos Sociales se canalice directamente a través de los gobiernos locales.
“Cambiar el modelo económico para entender el coste de las políticas sociales y los servicios sociales como una inversión y no como un gasto. Las políticas económicas (fiscales y presupuestarias) tendrían que apoyar las políticas sociales, sustituyendo los programas de austeridad por medidas de inversión social”. Esta es una de las recomendaciones que han asumido como propias más de 140 ciudades de toda Europa durante el Foro de Asuntos Sociales de la red Eurocities, que se ha celebrado durante toda esta semana en Göteborg (Suecia). La reunión ha servido para aprobar el posicionamiento común “Social rights for all”, un documento con el cual las principales urbes del continente piden a los estados que garanticen los derechos sociales del conjunto de la población europea.
La red Eurocities es la principal organización local de Europa y desde el 1989 agrupa a los alcaldes del continente, en un foro pensado para que puedan compartir ideas e intercambiar experiencias. Barcelona preside el Foro de Asuntos Sociales de esta red desde hace un año, y todavía ejercerá este encargo durante un año más. La aprobación de este documento, por lo tanto, ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, que en los últimos meses ha trabajado para lograr este posicionamiento común que ahora se enviará a la Comisión Europea. “La cohesión social se ha ignorado durante demasiado tiempo a nivel de la Unión Europea en detrimento del crecimiento económico. Ahora es el momento de actuar. Menos palabras y más coherencia entre la economía y los derechos sociales”, ha destacado la teniente alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz, como presidenta del Foro de Asuntos Sociales de la red Eurocities. De hecho, el posicionamiento común que se ha aprobado oficialmente en Götegorg ha sido consensuado con la estrechada colaboración del Foro de Desarrollo Económico de la misma Eurocities.
“Creemos que una Europa más fuerte es posible sólo si situamos la ciudadanía en el centro”, insisten ahora las 140 ciudades firmantes del documento “Social rights for all” y que forman parte de la red Eurocities. Todas ellas recuerdan también que la construcción del Pilar Europeo de Derechos Sociales que anunció ahora hace un año el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene en el nivel de gobierno local como mínimo la mitad de sus principios y derechos y, por lo tanto, las ciudades tendrían que ser actores principales para hacer posible y efectiva su aplicación. “Es más urgente que nunca, atender la pobreza y la desigualdad crecientes en todo las ciudades de Europa, y que están poniendo nuestro modelo social en riesgo”, añade el documento.
Por todo ello, y a pesar de que celebran que el Pilar Europeo de Derechos Sociales ponga el énfasis en la necesidad de preservar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios, de cuidado de las personas y del derecho a la vivienda, la red municipalista reivindica sus acciones para garantizar la igualdad de oportunidades, también de los refugiados y demandantes de asilo, las personas discapacitadas, la infancia en riesgo de pobreza y los parados de larga duración, entre otros. Aun así, admiten que para implementar todas las mejoras las ciudades necesitan aliados a todos los niveles de gobierno, incluyendo los mismos estados y las instituciones europeas.
La vivienda como derecho
Igualmente, además de recomendar el cambio de modelo económico, la red Eurocities admite que hay que garantizar el derecho a una vivienda accesible para todo el mundo, porque las ciudades están haciendo frente a una crisis de vivienda sin precedentes: “La legislación actual del mercado inmobiliario considera la vivienda como un bien especulativo, que agrava la exclusión residencial a nuestras ciudades”, asegura el documento, y es por esta razón que si no se cambian las leyes “el acceso a una vivienda asequible seguirá siendo un problema que incrementará el riesgo de pobreza, exclusión y sin techo”.
“Estamos preparados para liderar el camino hacia una Europa socialmente más fuerte, pero necesitamos ayuda para hacerlo. Somos el nivel de gobierno más cercano a la población y podemos implicar la ciudadanía en el debate sobre el futuro de Europa. Trabajaremos para construir una Unión Europea más cercana a las personas y, también, para situar a las personas y sus preocupaciones en el centro de la agenda de la Unión Europea”, concluye el texto acordado.
