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En marzo de 2012 la Concejalía de Cultura emitió un informe favorable a la concesión directa a la Fundación de los Comunes del edificio de c/ Nosquera, un mecanismo absolutamente legal y habitual en la ciudad.
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Tan solo un mes después un informe jurídico del Ayuntamiento confirmó que todo estaba listo para la cesión siempre y cuando se fundamentara el interés público del proyecto, requisito que ya cumple la Fundación de los Comunes.
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En enero de 2015, con las negociaciones retomadas, el alcalde se comprometió a la cesión directa del edificio en septiembre del mismo año, lo que dio inicio al procedimiento actual, aún en vigor.
Ni un solo documento, informe o declaración pública ha invalidado los convenios firmados entre La Casa Invisible y el Ayuntamiento como resultado del Protocolo de Intenciones que acordaron en 2011: una hoja de ruta que ambas partes, junto a la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Museo Reina Sofía firmaron para diseñar el camino hacia la cesión directa.
El grupo Ciudadanos ha obviado deliberadamente esta información hasta el punto de que su portavoz, Juan Cassá, no ha respondido a las repetidas llamadas con las que las representantes de la Casa Invisible trataron de concertar una reunión desde el momento en que fue anunciada la moción para pedir el desalojo encubierto y la privatización de la gestión del edificio. Esta dejación de funciones demuestra a las claras que la intención de Ciudadanos no era pedir la regularización del uso del edificio, para lo que hubiera bastado con instar al gobierno municipal a ultimar el procedimiento de adjudicación directa, en marcha desde septiembre de 2015.
El propio alcalde anunció entonces, tras una reunión con los portavoces de todos los grupos municipales, de quienes obtuvo el beneplácito, el inicio de los trámites necesarios para la cesión directa del edificio a la Fundación de Los Comunes. Para ello se exigieron dos requisitos: que la Fundación de Los Comunes fuese declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal y la presentación de un proyecto básico de rehabilitación.
Cumplidos con sobrada solvencia ambos requisitos, en julio de este mismo año la Invisible y la Gerencia de Urbanismo mantuvieron la última reunión, relativa a cuestiones técnicas del proyecto de rehabilitación. Inexplicablemente, la concejala de Cultura obvió todos estos datos en su intervención en el Pleno del día 30, cuando anunció que el gobierno local apoyaría la moción de Ciudadanos. Todo ello pese a la existencia desde 2012 de sendos informes de la Concejalía de Cultura y de la Gerencia de Urbanismo favorables a la cesión, lo que también omitió la concejala. Es más, Del Corral hizo alusión a la situación original de la Casa Invisible, cuando fue ocupada en 2007. Cabe recordar que en 2012 se demostró que el Ayuntamiento había mentido al afirmar que esa situación había motivado un informe jurídico desfavorable. Por eso cuesta entender que de nuevo la concejala se valiera de un argumento cuya falsedad ya quedó evidenciada. No existe ningún informe jurídico o disposición legal que impida la cesión del uso del edifico a la Casa Invisible. Por el contrario, todos los informes existentes son favorables a la cesión, incluso los de su propia Concejalía, y además de manera taxativa:
La concejala de Cultura tendría que haber explicado en el Pleno por qué se han llevado a cabo 20 cesiones directas de patrimonio municipal a entidades de la ciudad en los últimos 4 años (muchas de ellas por 75 años) y ahora, sin anuncio previo, el gobierno se niega a cumplir con la de la Invisible, sustentada en unos acuerdos en los que la firma de Francisco de la Torre se ha mantenido invariablemente desde 2007. Por tanto, él y su gobierno están obligados a dar curso a los compromisos y la legalidad, esto es, que una vez cumplidos al detalle todos los requisitos exigidos a la Invisible se ultime el expediente administrativo de cesión. Lo contrario sí supone una situación de desventaja y discriminación en relación a aquellas entidades sin ánimo de lucro a las que se les ha adjudicado de forma directa el uso de un inmueble municipal cuando se justifica legalmente el interés general de las actividades que desarrolla.
El silencio del alcalde
A nadie se le escapa que la moción de Ciudadanos nace tras el intento de censura de su concejal Alejandro Carballo a una obra de la exposición que durante el mes de octubre ha acogido La Casa Invisible. «La Guerra. Espacios-Tiempo de Conflicto» reunía a artistas internacionales, algunos de renombre, como Santiago Sierra, para denunciar mediante diferentes instalaciones el uso de las banderas durante los conflictos bélicos. Una de las instalaciones, la bandera de España anudada en forma de horca, que junto a otras colgaba de la fachada de calle Nosquera, llevó a que el concejal avisara a la policía nacional con el fin de que clausurara la exposición. Ante la evidente negativa de la policía por la ausencia de ilícito alguno y el deber de garantizar el derecho a la libertad de expresión artística, el concejal anunció una moción para que la gestión del inmueble saliera a concurso público. Resulta evidente que la imposibilidad de censurar una obra ha provocado su intento de cerrar un espacio cultural libre de injerencia o presión alguna a los creadores que allí exponen.
Durante el debate plenario de este lunes, sin embargo, el alcalde rehusó intervenir ni brindar explicación alguna, de manera que obligó a su concejala a mentir para justificar el apoyo de su grupo a la moción de Ciudadanos, al fin y al cabo llave de gobierno. De hecho, es el propio gobierno municipal el que a través de sus diferentes portavoces ha recordado en esta legislatura, ahora que ha perdido la mayoría absoluta, que según la Ley de Régimen de Base Local las mociones aprobadas en Pleno son solo «directrices políticas», nunca de obligado cumplimiento.
Los únicos acuerdos legalmente válidos con la Casa Invisible son los que el propio alcalde ha rubricado, así como las áreas de gobierno competentes, lo que le obliga a darles cumplimiento. De paso, y ante un proceso de adjudicación en marcha que exige su culminación y nace por la solvencia demostrada en la gestión ciudadana del inmueble, debe ofrecer explicaciones públicas sobre su silencio.
