Este informe, cuya organización sindical lleva realizando durante los últimos diez años, afirma que la provincia de Málaga sigue liderando el número de agresiones físicas con 490 agresiones físicas registradas entre 2007 y 2016. Ante ello, CCOO propone la creación urgente de un Observatorio de Agresiones a nivel andaluz compuesto por todas las partes implicadas para analizar y evaluar los motivos de las mismas e implantar medidas reales y efectivas que hagan erradicarlas.
El estudio presentado hoy por el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga pretende demostrar la evolución de las agresiones que han sufrido los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en un período largo (2007-2016) según los datos registrados en el Registro Informatizado de Agresiones (RIAC) por provincias.
Entre las conclusiones del informe, el secretario general de dicho sindicato, Rafael González, ha manifestado que “el número de agresiones en Andalucía presenta una curva descendente hasta 2010, con un incremento notable desde entonces, tanto en las agresiones físicas como las no físicas. Ello nos puede llevar a pensar que con el comienzo de los recortes se ha aumentado la presión asistencial y por tanto, un factor desencadenante del aumento de las agresiones. A partir de 2012 vuelve a descender situándose en valores similares a los previos a los recortes (2009) y este descenso se vuelve a invertir con el aumento de agresiones en 2015 que han seguido aumentando en 2016”.
Sobre las agresiones diarias, el representante sindical ha afirmado que “se trata de un dato preocupante ya que cada día más de dos profesionales del SAS en Andalucía sufre una agresión, y en el caso de Málaga la cifra es levemente superior”. También ha criticado que “casi el 10% de este colectivo de trabajadores ha sufrido agresión en los últimos diez años”.
Por provincias, González ha señalado que “Málaga es la que ha sufrido un mayor número de agresiones, al relacionar el número de agresiones con los trabajadores”. Así, ha asegurado que “un 13,10% de la plantilla de profesionales del SAS en Málaga ha sufrido algún tipo de agresión en los 10 años analizados. Dato que puede apoyar la infradotación que tiene esta provincia y que ya hemos denunciado en numerosas ocasiones desde CCOO puesto que la sobrecarga asistencial es el primer factor de riesgo en las agresiones al personal sanitario”. Además, ha criticado que “Málaga sea también la provincia que presenta los casos más graves de agresiones como son las agresiones físicas, con 490 agresiones físicas en diez años”.
Entre las propuestas que ha defendido esta organización sindical para erradicar dichas agresiones, la secretaria de Salud Laboral de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Rosa Martín, ha informado que “el SAS no lo está haciendo bien ante estos casos y por tanto, consideramos que debe de que actuar de una manera más decidida para poder erradicar esta lacra que ha afectado a casi 90.000 trabajadores de la sanidad pública en Andalucía”.
A su vez, la representante sindical ha defendido que “es prioritario realizar un mapa de riesgos de agresiones en las respectivas unidades de los centros y estudiar sus características intrínsecas, así como la elaboración de un estudio comparativo sobre la efectividad de las distintas medidas preventivas que se implantan en las unidades de los centros”.
Otras de las propuestas que defiende esta organización sindical son: establecer grupos de trabajo en los centros donde se les dé participación a los profesionales, valorar el riesgo de agresión en las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo, realizar acuerdos de campañas de repulsas silenciosas donde no se dé difusión en los medios de comunicación las agresiones y realizar un estudio epidemiológico sobre el comportamiento de los usuarios con respecto a la transmisión de las agresiones.
Creación de la figura de mediador social y educador. Es personal propio del centro cuya labor es mediar en las situaciones conflictivas que se generen antes de que estas vayan a más, incluso actúa de manera preventiva derivando al educador social aquellas personas con un potencial alto de conflictividad, organizando actuaciones dirigidas a profesionales, usuarios y familiares.
