Los hoteleros reclaman una norma andaluza que establezca un máximo de viviendas de alquiler en cada zona residencial y que se extreme la vigilancia en las regularizaciones de las ya existentes
La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), a través de su presidente, Luís Callejón, ha hecho público su descontento con los procedimientos de control que por parte de los organismos públicos existen actualmente en torno a los alquileres vacacionales. Por ello, este importante lobby de la industria, reclama que se establezcan nuevas normas en el ámbito autonómico y que se extreme la vigilancia en cuanto al cumplimiento de las ya existentes. En su opinión son medidas urgentes que se deben tomar a la mayor brevedad para que los casos de turismofobia que, aunque puntualmente en comparación con otros destinos del país, se han dado en Málaga, no vayan a mayores en el medio plazo.
Andalucía cuenta desde 2016 con una norma para que los propietarios de viviendas en alquiler vacacional, profesionales o no, se inscriban en un registro específico pero, según AEHCOS, no se están actualizando en el periodo de tiempo que deberían. De hecho, consideran que aún existe un alto porcentaje de alquileres clandestinos.
El alquiler vacacional, pese al revuelo suscitado por su larga convalecencia en el limbo jurídico y el alto nivel de intrusismo, se ha revelado también en una importante fuente de riqueza. De acuerdo con las Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), que agrupa la oferta reglada, el gasto medio por estancia de los turistas que se alojan en este tipo de pisos es de 477 euros, superior ya al que se da en otras fórmulas de hospedaje como los propios hoteles. El colectivo aduce además que muchos de los clientes son compartidos, por lo que no se puede hablar de un perfil más problemático -la estadística alude a un turista que viaja mayoritariamente en familia y principalmente extranjero-.
Según los datos de la Junta de Andalucía, la mayoría de los arrendamientos de la región -el 60% de los dados de alta- se encuentran en Málaga. Callejón pone el acento precisamente en los que no forman parte de esa lista, los que siguen funcionando al margen de la ley. Y cuya persecución, en opinión del responsable de Aehcos, no está resultando tan efectiva como se prometía. En este sentido, reclama un mayor grado de presión. Y apoya su argumento en el fuerte desajuste entre el recuento oficial de turistas y los datos de consumo, que apunta a la presencia de un número mayor de personas que el que recogen las estadísticas. De hecho, si se actualizan las previsiones, el dato a día de hoy es que la temporada alta se cerrará con un nuevo récord en la Costa del Sol, con más de 7 millones de turistas, un 5,2% más que en el verano del pasado año; esta cuantía, además se modifica cuasi semanalmente.
En referencia a los alquileres que aún operan de espaldas a la legalidad vigente, la patronal quiere que se actúe «planteando sanciones ejemplares y poniendo límites al crecimiento de las camas turísticas». No hablan de rebajar los alojamientos ya existentes, pero sí de promover restricciones que rompan con la sensación de barra libre que ahora encrespa a buena parte del sector. «Igual que los hoteles y los apartamentos no podemos abrir donde nos dé la gana lo mismo debe ocurrir con el alquiler vacacional». Para equilibrar las fuerzas, piden la creación de un porcentaje máximo en relación al uso residencial. «En el momento en el que se expulsa a los vecinos, empiezan los problemas», razona Callejón.
La ley aprobada por la Junta de Andalucía en mayo de 2016 obliga a los propietarios y gestores de las viviendas a comunicar su uso e inscribirse en un registro autorizado, prohibiendo toda clase de actividad e, incluso, de publicidad, para los que no formen parte, con su correspondiente código, del inventario oficial.
