Por: Stella Calloni
Un comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió la presencia en esa cumbre del presidente de brasil, Michel Temer, al que la agrupación tachó de “ilegítimo”.
En el comunicado, la CGT condenó la Reforma Laboral en Brasil “que se llevó a cabo con el aval de sectores concentrados de la economía y legisladores que dieron la espalda al pueblo” y señalaron que “su aprobación fue fulminante en ambas cámaras. El presidente ilegítimo ya la promulgó y entra en vigencia en cuatro meses”.
Por otra parte, el frente interno se deteriora cada vez más, no sólo en lo social y político sino en lo judicial mientras se incrementan las denuncias por persecución política. El viernes pasado en una acción espectacular y viciada de ilegalidad, fue detenido en la provincia de Santa Cruz el contador de la familia Kirchner, Victor Manzanares, un profesional muy respetado, quien fue traído a Buenos Aires en una escandalosa acción del criticado Ministerio de Seguridad.
Rodeado de unos 70 policías, con un casco y un chaleco antibalas, como se utiliza para los narcotraficantes, Manzanares fue traído por órdenes del juez Claudio Bonadío, pese a que el magistrado ya se apartó de esta causa en que se juzga, sin pruebas, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia.
“Víctor Manzanares es simplemente un contador que tiene la familia Kirchner desde hace muchísimos años y que en definitiva no hace otra cosa que cumplir con su trabajo, o sea presentar declaraciones juradas y cobrar alquileres”, señaló su abogado Carlos Beraldi.
Agregó que se trata de “una maniobra de corte electoral, claramente de corte político” y reclamó la inmediata indagatoria para “terminar con todas estas calumnias y especulaciones” destacando que la “ley ha quedado totalmente olvidada”. En el caso de Manzanares está todo en forma legal, dijo Beraldi y advirtió que “existe una intencionalidad del cuestionado juez Bonadío, en su constante intento de mellar la figura de la ex presidenta que encabeza todas las encuestas de intención de voto para las próximas primarias en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral”.
Bonadío decidió enviar a Manzanares a la cárcel de alta seguridad de Marcos Paz, donde están los detenidos condenados por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura. Es un hecho insólito “e inadmisible”, aseveró Beraldi quien se enteró por fuentes gubernamentales que se trata de “presionar y extorsionar” al contador para que declare algo contra Fernández.
El abogado denunciará al juez y a los ministros de Justicia, Germán Garavano y de Seguridad, Patricia Bulrich. El tema ha causado un escándalo político, tanto como las acciones del gobierno de intentar separar del Banco Central a uno de sus directores Pedro Biscay, el único nombrado por el Senado hasta 2019. Este caso como la abierta persecución contra la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, ha originado una movilización en diversos frentes, que denuncian además una serie de casos de persecución política, que cada día debilita la figura gubernamental.
En otro orden, este lunes, a tres meses de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de aplicar la ley 2×1 que permitiría salir de la cárcel a los detenidos por crímenes de lesa humanidad, varios organismos de derechos humanos iniciarán un trámite de juicio político para desplazar de sus cargos a los magistrados a Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz estos dos últimos nombrados por el gobierno de Macri.
Taty Almeida, de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo anunció que mañana irán al Congreso “para pedir en mesa de entrada el juicio político”, por el fallo rechazado mayoritariamente en el país, medida que quedó sin efecto después de a marcha multitudinaria del 10 de mayo pasado, pero se reclama la anulación.
Almeida estimó que “este es el peor gobierno desde el regreso de la democracia, es lamentable todo lo que estamos pasando”; y destacó que después de 40 años de lucha ahora hay presos políticos como Milagro Sala y otros.
(Tomado de La Jornada)
