330 organizaciones y una amplia representación de la sociedad civil firman una carta, instando a los grupos parlamentarios a no ratificar el CETA.
Una coalición de 330 representantes de la sociedad civil y de los ámbitos cultural, jurídico, académico y periodístico han entregado hoy una carta llamando a los grupos parlamentarios a no ratificar el tratado comercial con Canadá (CETA) al no estar al servicio del interés público.
El texto incluye las firmas de los secretarios generales de UGT (Pepe Álvarez), CCOO (Ignacio Fernández Toxo), CGT (José Manuel Muñoz) y de la Unión Sindical Obrera (Julio Salazar), así como de integrantes de organizaciones de consumidores como la secretaria general de FACUA (Olga Ruíz), jueces como Baltasar Garzón y la vocal Blanca Padrós del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y académicas como la catedrática universitaria Lina Gálvez.
También apoyan la carta organizaciones como Amigos de la Tierra, ATTAC, Ecologistas en Acción y Greenpeace.
La carta está dirigida a los grupos parlamentarios a favor del tratado –PDECat, PNV, Ciudadanos y PP– y que en los próximos días tendrán que votar en el Congreso de los Diputados sobre la ratificación del Acuerdo de Comercio entre Canadá y Europa.
La carta también se envía al Partido Socialista, donde se le pide que la decisión final de su grupo parlamentario sea votar en contra del CETA. A esta petición se han sumado a través de Twitter miembros de los partidos socialdemócratas francés, inglés y canadiense solicitando al PSOE cambiar la abstención por una postura más clara de rechazo.
El texto subraya las preocupaciones crecientes sobre este tratado, reflejado en el elevado número y en la gran diversidad de personas y organizaciones firmantes.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA, impulsora de esta iniciativa, afirma que “la gente de Europa no quiere un tratado que solo beneficia a las grandes corporaciones y que amenaza nuestro frágil planeta y nuestros derechos fundamentales. Llamamos a los grupos parlamentarios a representar a la ciudadanía y a rechazar cualquier acuerdo que no esté al servicio del interés público. La avaricia corporativa no debe estar por encima de nuestros derechos”.
La carta recuerda los principales defectos del tratado y demanda:
– Un periodo de información y debate público en el que se consulte a todas las partes afectadas por el CETA.
– La democratización de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la Unión Europea.
– La exclusión de cualquier mecanismo de resolución de conflictos entre estados e inversores (como el ICS en el CETA) que garantizan a las corporaciones un sistema judicial paralelo para demandar a los gobiernos.
– Garantías claras que defiendan los estándares sociales y ambientales en el CETA.
– Ningún órgano de Cooperación Reguladora que pueda someter a una revisión permanente nuestras regulaciones actuales o futuras.
– Ninguna privatización de nuestra salud, educación u otros servicios públicos.
