Barcelona tendrá el primer Sindicato de Inquilinos (Sindicat de Llogaters) del Estado, una iniciativa impulsada por una veintena de personas que trabajará para luchar por alquileres dignos y defender el derecho a la vivienda. La semilla plantada el pasado mes de octubre entre vecinos, activistas y entidades como el Observatori DESC, la PAH (ambos movimientos vinculados a la alcaldesa Ada Colau) o la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible germinará este martes en la presentación para los medios, que tendrá una segunda introducción en sociedad el viernes.
El objetivo del sindicato pasará por conseguir alquileres «asequibles» –según cita su manifiesto fundacional– y por dotar a los inquilinos de una voz en el sector. La fórmula sindical será pionera, aunque Barcelona ha capitaneado históricamente las luchas contra el abuso en el alquiler. Fue en la capital catalana donde, en febrero de 2009, se fundó la PAH, aunque hay que remontarse 75 años, hasta una huelga de inquilinos que paralizó la capital catalana el siglo pasado, para encontrar una de las primeras luchas modernas por un alquiler digno.
El Sindicato de Inquilinos de Barcelona, que trabaja ya para tener su traducción en Madrid, nace en un contexto de burbuja del alquiler en la capital catalana. Según destaca un portavoz del Sindicato, el problema del alquiler es transversal en la ciudad, por lo que quieren «aglutinar» a los inquilinos: 200.000 hogares están en régimen de alquiler en Barcelona actualmente.
Los precios de estos alquileres se encuentran en estos momentos en máximos históricos, con una media de 800 euros en la ciudad. Una subida creciente des del pasado año (9% de incremento, según la Generalitat) atribuida –entre otros– a la presión turística, al incremento de pisos turísticos ilegales y a la reactivación en la ciudad de las compras por parte de fondos de inversión. Son varias las empresas que adquieren bloques enteros con inquilinos dentro a punto de finalizar sus contratos para no renovar a los inquilinos y luego vender las propiedades.
Todo esto en el marco de una modificación del PP de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) el año 2013 que cambió la duración mínima de los contratos de cinco a tres años. Colectivos como la Plataforma de Afectats per la Hipoteca, que también forma parte del núcleo impulsor del Sindicato de Inquilinos, culpan del aumento de precios a esta última modificación del Gobierno de Rajoy.
El portavoz de la PAH, Carlos Macías consideraba en declaraciones a Catalunya Plural que la reforma es un «motor para la especulación» por el rápido cambio de manos de los alquileres que fomenta la reducción de la duración mínima de contratos. Los resultados de la reforma del Partido Popular se ha traducido en múltiples finalizaciones de contrato acumuladas en pocos meses en Barcelona: entre este año y 2019 finalizaran, según datos del Sindicato del Alquiler, hasta 47.000 acuerdos de arrendamiento en la ciudad.
Ciudades europeas como espejo
El Sindicato de Inquilinos de Barcelona se ampara en la experiencia de otros países como Austria, Suecia o Alemania en la organización sindical de las personas que viven de alquiler. Suecia, por ejemplo, dispone desde mediados de los años veinte del siglo pasado de un grupo de presión centrado en los inquilinos.
El Hyresgästföreningen –nombre del sindicato sueco– tiene en la actualidad más de medio millón de afiliados. Por su parte, el país germano también cuenta con un sindicato que vela por beneficios fiscales para los inquilinos y contra los abusos de los propietarios.
A nivel internacional, existe un organismo que aglutina a 45 sindicatos locales, el International Union of Tenants (IUT). Su líder, el también sueco Magnus Hammar, explicaba a este medio que las particularidades del mercado de la vivienda en Barcelona –más pequeños propietarios que grandes tenedores– hará «más difícil» la organización de una respuesta colectiva que en otros países europeos. Por este motivo, Hammar valoraba como necesaria una acción colectiva y «en red».
El objetivo del Sindicato pasa por asemejarse en las luchas por el alquiler justo a países de la Unión Europea como los citados, pero también quiere parecerse a estos países en el número total de personas que viven de alquiler en sus principales capitales; actualmente un 30% de barceloneses vive de alquiler, lejos del 50% que representan los arrendadores en ciudades como Berlín.
La lucha sigue, 75 años después
Aunque la formación de un sindicato específico para defender inquilinos en la ciudad es nueva, la experiencia de Barcelona respecto a la lucha por un alquiler digno no lo es. El año 1931 se produjo en la capital catalana una histórica huelga del alquiler. Hace hoy nada menos que 75 años.
Tal y como explica el libro La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica (2015) de Manel Aisa Pàmpols, los factores que condujeron a dicha huelga distan mucho de la situación que ha llevado ahora a los vecinos a movilizarse, aunque el resultado –incremento de precios y abuso de los propietarios– sí se parecen.
En un contexto de gran afluencia de obreros a una Barcelona todavía motor industrial, los trabajadores se negaron a pagar a los caseros del momento ante la precariedad de las viviendas (muchas prácticamente chabolas) y la subida incontrolada de precios. El libro destaca de aquella lucha la imaginación de los arrendados de la época: hacían escraches antes de la acuñación política del término (el uso político del mismo empezó en los noventa en Argentina). Los arrendados iban a protestar a las casas de los propietarios.
La acción estuvo estrechamente ligada a la CNT, y miles de inquilinos secundaron la protesta. Hasta tal punto que la obra de Manel Aisa Pàmpols atribuye a la huelga de inquilinos la categoría de protesta social más notable de la República antes de la revolución social de 1936.
