Qué hacer ante un supuesto caso de acoso escolar que el colegio y la Junta niegan. Ana y José Antonio llevaban semanas desesperados. No sabían ya qué hacer. Acudieron a todas las instancias posibles: colegio, delegación de educación, inspección, comisaría, juzgados, pediatras, psicólogos, servicios sociales… Su hija lleva más de dos meses sin ir a clase. Relatan que la niña, de 8 años y en 3º de Primaria, ha recibido agresiones y amenazas en el centro, tanto el año pasado como en este curso. Un reciente parte médico con dos vértebras dañadas así lo atestigua y un informe psicológico refleja «problemas relacionados con presunto abuso físico» y «experiencias personales atemorizantes en la niñez». «Ansiedad, tristeza, miedo», dice el informe de salud mental. Ella no quiere volver a clase. Según parece, el problema de su larga ausencia educativa ha sido procedimental.
«Ya está en trámite el cambio de colegio de mi hija. Hemos ido con el abogado a la Delegación de Educación, el inspector ha aceptado los hechos y la va a cambiar de centro», señala el padre. Pero el camino no ha sido ni corto ni fácil para esta familia. Un escrito de la Delegación fechado el 27 de marzo les negaba el procedimiento extraordinario de traslado porque, asegura la Junta, no hubo acoso escolar». «Aquí sólo se hace lo que diga el colegio. Aquí no pasa nada. Sentimos una gran impotencia», lamentaban recientemente los padres, que señalan que «son cosas de niños» ha sido el principal argumento del CEIP San Pablo, donde está matriculada.
El 8 de febrero, a la niña la pusieron con los brazos en cruz en uno de los baños y le pegaron, aseguran. El colegio decidió dejar a los agresores dos semanas sin recreo. Una vez superado el castigo, «volvieron las amenazas» porque le decían a ella que «les habían castigado por su culpa» y la niña no ha vuelto a ir a clase. Ahora, con el cambio de centro en marcha, su principal problema se solucionará.
La situación que denunciaron los padres comenzó el año pasado con una compañera que le quitaba el desayuno y la «atacaba» también físicamente, si bien los incidentes remitieron al cambiarse de colegio la presunta agresora. «El colegio no hizo nada entonces pero el problema se solucionó» con el cambio, un caso similar al paradigmático que relataban recientemente desde el Defensor del Pueblo Andaluz. También, en otra ocasión, le dañaron la nariz al golpearle con un estuche, señalan. Hasta ahora, temían forzar a su hija a que vaya a clase por lo que le pueda pasar. «Ahora, sólo queremos salir de esto y pasar página de una vez», dice ahora el progenitor.
La versión del asunto de la Delegación de Educación es algo distinta. Reconocen que la niña sufrió una agresión el 8 de febrero por parte de cuatro niños y una niña, que se abrió el protocolo de acoso pero se cerró porque «se demostró que no había acoso», que fue «una agresión puntual». Según relatan las fuentes de la Junta, «se les ofreció a los padres el cambio de centro, que es lo que querían», pero habían cumplimentado un Anexo IX, previsto para cambios durante el curso atendiendo exclusivamente a criterios de cambio de domicilio, maltrato o acoso escolar. Como ni el centro ni la Junta aceptaban que se hubiera dado alguna de esas circunstancias, el cambio no había sido posible por esta vía y la niña lleva más de dos meses sin ir a clase.
La niña, «tímida, muy retraída», con «ánimo triste, miedo marcado», según el informe psicológico, donde se indica que niega incluso pasar por delante del colegio aun en compañía de sus padres, con «conductas de evitación y aislamiento».
«Medidas correctivas» para los agresores
«Los infractores fueron corregidos por la comisión de convivencia del centro, con las pertinentes medidas correctivas, y el inspector no apreció acoso. El problema fundamental es que la familia se empeña en que ha habido acoso escolar, y acoso escolar la niña no ha sufrido, pero se le puede cambiar de centro, por supuesto. Hay vacantes en dos colegios de la zona», señalaban desde la Delegación antes de tramitarse el cambio de centro. «A la niña se le puede cambiar, nadie le ha puesto inconveniente en cambiarla, por su seguridad, por lo que sea. Con este tipo de cosas no hay problema», insistían desde la Junta.
En la Inspección de Educación, los padres se encontraron con dos situaciones, según recuerdan de su periplo administrativo. Una en la que un inspector les aconsejó rellenar un impreso argumentando lo sucedido para propiciar el cambio de colegio «llegados a esta situación» y otro que negó el traslado después de la acusación de acoso, y una incursión judicial paralela que planteó la familia.
Los padres señalaron que el 21 de febrero el colegio abrió el protocolo de acoso escolar pero el inspector les dijo que era un tema que estaba cerrado. «Pensábamos que esto funcionaba de otra manera. No nos ayuda nadie. Tanta campaña de bullying, tanto videoclip, pero nadie te ayuda. Lo único que queremos ya es cambiar a nuestra hija de colegio», denunciaron, asegurando que les instaban a que retiraran la queja para proceder al cambio de centro.
Los padres dicen que tampoco han sentido el apoyo del AMPA del centro. «A mí ya no me hablan», dice la madre. «Es muy fuerte que sea la agredida la que tenga que cambiar de colegio pero bueno, vale, lo aceptamos, decían aun temiendo que el colegio o la Delegación tomaran medidas contra el absentismo escolar. «Nos nos dan ni los deberes para que ella los haga en casa. Nos sentimos muy solos», lamentaban.
«Aquí lo que vale es lo que dice el colegio, pero es un secreto de voces. A todos los sitios donde hemos ido nos dicen lo mismo: ‘¿a que el colegio dice que no tiene constancia? ¿a que dicen que no hay acoso?’ Esto es una lotería. Le puede pasar a cualquiera. Mi hija tiene miedo de ir al colegio y solo queremos cambiarla», resumían los padres.
