«Es el rostro de la precariedad, del empobrecimiento». Esta definición la realiza el profesor de EtnoCórdoba -el departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad de Córdoba-, José María Manjavacas, que ha liderado un estudio sobre las familias que ocupan viviendas vacías de entidades bancarias en la capital cordobesa. El informe, desarrollado con técnicas propias del estudio antropológico, ofrece una radiografía de la realidad de la ocupación de viviendas, sobre la que hasta ahora no se tenían datos exactos. «Las familias nos abrieron los inmuebles vacíos de bancos que han convertido en viviendas», apunta.
Y los datos hablan de esa precariedad con la que el profesor define esta realidad. La muestra del estudio se ha realizado con 60 familias que han ocupado una vivienda vacía de un banco, una muestra que se calcula puede ser el 10% del total de familias que se encuentran en una situación de «riesgo habitacional grave» en la ciudad y son «potenciales» ocupas de viviendas vacías.
Empobrecidos
El estudio señala los perfiles sociodemográficos de las unidades familiares afectadas: 165 personas -101 adultos y 64 menores-, de los cuales 87 son hombres y 78 mujeres. A partir de ahí, los datos económicos muestran el empobrecimiento como principal característica: el 94,2% no tienen empleo, el 23% no cuenta con ningún ingreso y otro 43% cuenta con menos de 500 euros al mes para la familia. Sólo el 10% dice tener ingresos de entre 800 y 1.000 euros mensuales.
El profesor encargado del estudio advierte sobre los rasgos de la pobreza de estas personas: «Hay quienes ya venían de la exclusión y su situación se agravó con la crisis pero también nos encontramos con quienes antes tenían una integración social normal, con un empleo o un negocio y su pérdida les ha llevado de manera acelerada a esta situación».
«Son familias para las que es absolutamente inviable acceder a una vivienda en el mercado de venta o alquiler», dice para definir a estas personas que sufren «crisis habitacional severa» y que «han optado por una acción que puede ser tipificada como delito. Imagínense qué les ha empujado a hacerlo», explica Manjavacas para señalar que el estudio –encargado por Ganemos Córdoba- busca conocer la realidad para «no criminalizar» a quienes, sin otra solución, optan por buscar techo en una vivienda de una entidad bancaria.
Proceso judicial abierto
De hecho, los datos del estudio muestran cómo el 55% de estos casos tienen un proceso judicial abierto por la ocupación de la vivienda y 6,6% tiene incluso ya fecha de lanzamiento. El resto se encuentra en negociaciones con los bancos para lograr una dación en pago –una quinta parte son familias que han ocupado su propia vivienda después de un desahucio- o un alquiler social para seguir en el piso de la entidad.
Y, entre esas entidades bancarias, cuatro sobresalen del resto por tener la mayoría de los pisos vacíos que han sido ocupados: Banco Santander, Banco Popular, Cajasur y La Caixa copan el 82% de las viviendas.
El estudio de la Universidad de Córdoba recoge también el plano humano de estas familias, que entran en la mayoría de los casos en «viviendas muy deterioradas» por el abandono de los bancos y donde encuentran la « solidaridad, comprensión y ayuda de los vecinos«, para adecentarlas y amueblarlas, logrando el objetivo de «una buena integración en el entorno», dice el profesor Manjavacas. Testimonios de las familias recogidos en el informe hablan de esa ayuda, frente al sufrimiento que conlleva esa situación y al señalamiento como «ocupas» que reciben en ocasiones, como los menores en sus colegios.
Casos tratados por la Oficina Municipal de la Vivienda
La realidad que ahora ha sido estudiada científicamente asomaba ya en las cifras que maneja la Oficina Municipal de la Vivienda de Córdoba, un organismo que atiende a las personas con diversa problemática en el ámbito de la vivienda. Según la memoria de este centro, en un solo año acudieron a él 101 familias por casos de ocupación de viviendas vacías de bancos, una quinta parte del total de 510 expedientes que abrieron en ese tiempo.
De los casos de ocupación, 19 concluyeron positivamente tras una concesión económica, concesión de piso en alquiler social, mejora económica de la familia o traslado de ciudad; 13 se cerraron ante la falta de colaboración de la entidad y otros 8 al producirse el desahucio, traslado de domicilio o estar fuera de las competencias de la Oficina Municipal de la Vivienda.
Cabe recordar que este organismo municipal inició conversaciones con las principales entidades bancarias en la ciudad para firmar un convenio que pusiera a disposición de las familias en exclusión los pisos vacíos por un alquiler social, además de mediar en casos de ejecución hipotecaria y desahucios. Con Cajasur, se firmó un acuerdo sobre 49 viviendas y con La Caixa se lograron 14 viviendas a disposición de la oficina municipal.
