Es un caso único pero representativo de lo que el Defensor del Pueblo Andaluz hace ante los supuestos casos de acoso escolar que llegan hasta sus oídos. «No es una moda pasajera», dijo Maeztu cuando presentó recientemente un esperado informe sobre esta problemática en los centros educativos. La institución traslada a este periódico el caso de una niña, entonces de cinco años, que desde hacía varios meses atrás estaba siendo objeto de agresiones físicas por parte de una compañera de curso.
La Junta de Andalucía decía recientenente que los casos de acoso escolar son «aislados dentro de todo su contexto». Al menos eso dijo la consejera De la Calle al trascender un par de ellos en los municipios malagueños de Fuengirola y Estepona. La cuestión es que la visibilizacion del problema de un tiempo a esta parte está trayendo más casos a la luz pública. Precisamente este también ocurrió en Málaga y es ejemplo de cómo los casos de acoso escolar se están produciendo en edades cada vez más tempranas, apuntan fuentes del Defensor.
No debió ser fácil para la madre acudir a la institución después de haber pasado un auténtico periplo. Había puesto el caso en conocimiento de la dirección del centro docente, por supuesto, incluso de la Inspección educativa pero, a su entender, no se habían adoptado las medidas pertinentes para que tales hechos dejaran de ocurrir. Sin embargo, la agonía de su hija duraba ya año y medio, desde el inicio del curso anterior. Decía haber hablado con la profesora, la dirección del centro, la psicóloga y el inspector de zona, e incluso había dirigido un escrito al consejo escolar.
De niña feliz a no querer salir al partio
Como en el reciente caso de Fungirola, finalmente recurrió a la Policía e interpuso una denuncia al centro por negligencia, además de incluir varios partes de agresiones. A pesar de todos los intentos realizados, su hija seguía siendo agredida, explican desde el Defensor.
Según lamentaba la madre, su hija había pasado de ser una niña feliz en el centro escolar a no querer salir al patio. Allí habían ocurrido la mayoría de las agresiones, y decía sentirse intimidada y atemorizada. Lo que más le preocupó a la madre era que, tras la intervención de la psicóloga del centro, la menor había asimilado las agresiones como algo normal. Ya no se lo contaba a ella ni avisaba a los profesores cuando le ocurría algo. El problema también se trasladaba al comedor escolar, donde las habían separado para que no se sentasen juntas. La madre decía que no quería apuntarla a actividades extraescolares para no coincidir con la otra niña. Mientras, en el colegio le habían dicho que no podían hacer nada más de lo que ya hacían. Según la madre, poco.
La menor presuntamente agresora padecía algún tipo de patología psíquica y hasta el curso siguiente, por su edad, no era obligatorio realizar ninguna valoración de su padecimiento. Lo único que le dijeron era que la menor parecía mostrar cierta fijación con su hija, aunque tenía conocimiento de que, al menos a otra niña, también le había agredido, recuerdan desde el Defensor, que apunta que «los casos de acoso dejan traslucir una discrepancia entre la valoración por los afectados y por el centro docente, y una enorme dificultad para aportar pruebas que apoyen de manera inequívoca las tesis de quienes consideran que se están produciendo las agresiones».
Un traslado inesperado
Hay casos, explican las fuentes, en los que técnicos del Defensor del Menor se desplazan a ver a la madre y a la hija, o se entrevistan con la dirección del centro, o con los servicios sociales del ayuntamiento en cuestion. Incluso mantienen reuniones con los padres de todo el aula si el problema está generando un desorden en el centro educativo.
En el caso relatado, la solución fue más rápida. La Delegación Provincial de Málaga informó al Defensor que, nada más tener conocimiento del problema, el inspector de zona había realizado una visita al centro para entrevistarse con el director y el equipo docente, acordándose en la misma la necesidad de solicitar la intervención del equipo de orientación educativa competente. El equipo emitió un informe en el que se diagnosticó a la agresora como alumna de necesidades educativas especiales, precisando de unos recursos con los que no contaban en el centro educativo en el que estaba escolarizada. Finalmente, se procedió al traslado inmediato de la menor a otro centro educativo donde podía ser debidamente atendida.
Según resumen desde el Defensor, es un caso de resolución feliz, tanto en la actuación de la Administración como en la situación de la niña, pero inciden en que en la mayoría de los supuestos el problema se solventa con el traslado de la víctima a otro centro escolar. Es el final recurrente que se da en estos casos y que la institución aspira a evitar.
