EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017 ABANDONA A 341.301 DEPENDIENTES EN LISTA DE ESPERA Y 90 DE ELLOS SEGUIRÁN FALLECIENDO CADA DÍA SIN RECIBIR LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENEN DERECHO.
CIUDADANOS INCUMPLE SUS ACUERDOS Y TRAICIONA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
El cacareado aumento del gasto en esta materia en los PGE 2017 se cifra en 100 millones de euros. Los acuerdos -de investidura primero y sobre dependencia después- firmados por Ciudadanos aseguraban, cuando menos, la vuelta a la financiación estatal previa a los recortes de 2012, lo que se estimaba en unos 450 Millones además de otras medidas.
Una de tres: o los de Rivera se han dejado engañar; o son ellos los que nos han engañado a todos; o el equipo de Garicano tiene averiada la Excel. Ponemos de nuevo la nuestra a su disposición. O los de Rivera son torpes o son crueles, haciéndose cómplices de la decisión más canalla de este presupuesto 2017.
Incorporar 100 millones de euros en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) no supone absolutamente NADA.
Es papel mojado porque ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cinco euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación).
Es papel mojado porque se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho en 2016 se suplementó con 37 millones de euros. Daba lo mismo 100 que 200.
Es papel mojado porque la clave de la financiación finalista son las cuantías por dependiente atendido según su grado de dependencia que reciben las comunidades autónomas (nivel mínimo). Estas cuantías se recortaron mediante el RD-Ley 20/2012 de 13 julio que dinamitó la Ley de dependencia y son las que hoy sigue en vigor.
Es papel mojado porque el aumento del gasto de 100 millones, más un 10%, lo que significa que teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.833 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 15.000 de la lista de espera, lo que condena al 96% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año.
Es indignante y cruel porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán 35.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la «lista de espera».
Ya estamos hartos de palabrería y de falta de visión en este asunto. Mientras nos entretienen con «guiños» sociales (342 M€ para atención a la familia y pobreza infantil de gestión incierta e impacto dudoso) se desatienden los servicios sociales públicos básicos y se incumplen los derechos ya reconocidos a la ciudadanía.
Siguen entendiendo esta política como un gasto incómodo y no como una inversión social necesaria, oportuna e inteligente. Si no van a cumplir la Ley, deróguenla.
