Los médicos se revuelven ante la idea de que aparezca publicado el dinero que reciben de las empresas farmacéuticas. El nuevo código de Farmaindustria obliga a pormenorizar individualmente estos datos desde enero de 2017 y, además, no es necesario el permiso de los sanitarios a los que inviten a un seminario, abonen un viaje a un congreso o paguen por colaborar con ellos.
Agrupaciones como la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme) o el Consejo General de Colegio Médicos (OMC) –que integra a los colegios de médicos de toda España– se están rebelando ante la idea de ver el nombre de los profesionales asociados a un pago por parte de uno o varios laboratorios.
Facme –que aglutina a 41 sociedades médicas– cuestiona incluso que esta publicación pueda hacerse. Tienen «serias dudas sobre la legalidad de la desagregación de datos a nivel individual sin su autorización», explican. El código de la patronal farmacéutica que regula esta transparencia (voluntaria para las empresas) recoge que «las transferencias de valor que realicen los laboratorios a los profesionales sanitarios a partir del 1 de enero de 2017 no requerirán su consentimiento previo y se publicarán de forma individual».
Esto significa que Bayer, Glaxosmithkline, Sanofi o Novartis emitirán una relación de personas con todo lo que les hayan abonado. Y así todas las farmacéuticas: listado y dinero.
En 2015, 190 laboratorios revelaron sus pagos a profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes por valor de casi 500 millones de euros. El dinero destinado a sanitarios llegaba en forma de congresos u honorarios (además de la investigación y desarrollo). A pesar de que cada empresa publicó largos listados de médicos, el 90% de esas cantidades apareció de manera agregada, es decir, un total global sin individualizar porque entonces esa información requería la autorización de cada beneficiario.
El siguiente paso implica que se publicará todo lo que haya percibido el sanitario a título individual en un año. Pero se hará con todos los conceptos juntos sin especificar cuánto corresponde a formación a congresos, cuánto a alojamientos, dietas u honorarios.
Uno de los aspectos que más roce está provocando es el de los gastos para asistir a congresos. Las sociedades médicas repiten que esto es inversión en formación. «Abogamos por una clara separación entre actividades promocionales de la industria y actividades formativas», insisten. Las partidas incluyen las matriculaciones, los desplazamientos y el alojamiento.
Acuerdo Ciudadanos-PP para no tributar
Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y el PP aprobaron en febrero una iniciativa que insta al Gobierno a que este dinero quede libre de tributación para los profesionales.
La diputada socialista Miriam Conchel recordó entonces que Hacienda ya había aclarado que esto no era posible, ya que solo quedan exentos de tributación los fondos formativos «abonados por el empleador en el marco de una relación laboral», cosa que no se da entre un médico del sistema público y un laboratorio. A pesar de ello, la iniciativa salió adelante.
Sin embargo, el Gobierno ha ideado la manera de cuadrar esta estrategia al permitir que los beneficiados se desgraven el valor de lo que reciban de los laboratorios. Según contó la portavoz del PP en la comisión de Sanidad del Congreso, Eugenia Romero, a Redacción Médica, el Ministerio de Hacienda entiende que esas transferencias tienen que estar sujetas a fiscalidad, pero «los sanitarios no tienen que pagar estas tributaciones».
La Federación de Asociaciones Científico Médicas insiste en que las sociedades «deben ser quienes determinen la mejor manera de transparentar la información». El consejo de los colegios médicos de España dice que «comulgamos con la postura de la Facme» sobre la publicación de las transferencias de valor. Su presidente, Serafín Romero, ha dicho además que los cantidades «para formación no pueden ser penadas ni fiscalizadas en el peor sentido de la palabra. No pueden convertirse en un castigo para el médico». Aunque luego admite que «otra cosa es que haya habido comportamientos…».
La Agencia Española de Protección de Datos amparó la iniciativa de las compañías. Redactó un dictamen en el que analizó que la publicación sin consentimiento del médico respetaba la normativa. La consultora PwC, al analizar esta medida, explicó que la omisión de permiso se sostenía por el hecho de informar previamente a los afectados, ofrecer una cantidad general por persona sin desglose y no permitir que los datos puedan ser tratados.
A la Facme no le convence y amaga con «pedir dictámenes alternativos». «Estamos obligados a defender la honorabilidad de nuestros socios».
