Cuando vio barcos a lo lejos, Issa supo que viviría. Era julio de 2014 y había pasado horas en el mar, aferrado a un bidón de gasolina de plástico, mientras mujeres, hombres, niños y niñas se ahogaban a su alrededor. La pequeña embarcación de goma que se suponía que los iba a llevar a todos a Italia se había hundido sólo dos horas después de partir de la costa libia. De las 137 personas que, según afirma Issa, iban a bordo, sólo sobrevivieron 49.
A Issa, de Burkina Faso, no lo rescató un barco que pasaba, sino que lo recogió la guardia costera libia. En lugar de llevarlo a un puerto seguro en Italia, como él esperaba, lo devolvieron a Libia, donde lo entregaron a la policía. Según su relato, estuvo encerrado durante meses en condiciones terribles mientras era golpeado regularmente por policías que le pedían dinero a cambio de su liberación.
«Me ataban las manos a la espalda», cuenta. «Estaba tumbado en el suelo boca abajo, y me golpeaban en la espalda con un cinturón y con cables eléctricos.»
Sólo cuando la familia de Issa logró reunir 625.000 francos CFA (unas 900 libras esterlinas) fue finalmente puesto en libertad.
En septiembre del año pasado trató de llegar a Italia de nuevo pero, después de tres días en el mar, la embarcación en la que viajaba arribó de vuelta a costas libias. «Nos detuvieron a nuestra llegada y nos llevaron a una cárcel en Trípoli, y dos semanas después nos trasladaron a la ciudad de Sabha. Supimos que los traficantes nos habían vendido«. Tras un mes de cautiverio, él y otros consiguieron escapar. «Nuestros secuestradores dispararon contra algunos. No sé si alguien murió«, cuenta.
Esta es sólo una de las historias de las personas a las que entrevistamos durante una reciente visita a Agadez, una ciudad en el centro de Níger que se ha convertido en punto de tránsito para personas refugiadas y migrantes procedentes del África subsahariana que tratan de llegar a Europa a través de Libia, así como para aquellas que regresan tras haber sufrido abusos atroces allí.
Estas personas repiten historias desgarradoras que he escuchado de boca de cientos de personas refugiadas y migrantes a las que he entrevistado en centros de acogida de Italia. Muchas de ellas habían estado detenidas durante meses en Libia, donde, según afirman, fueron torturadas, golpeadas, violadas y humilladas. La palabra que se me quedó clavada en la mente, utilizada por tantas de esas personas para describir su experiencia, es « infierno«.
Los gobiernos europeos están invirtiendo decenas de millones en medidas contra la inmigración en Níger, apoyando, entre otras cosas, operaciones de la policía nigerina para detener el flujo de camionetas que avanzan hacia la frontera libia. Dicen que estas medidas son necesarias para proteger a los viajeros. Tal como me dijo un diplomático en Níger: «Nos preocupa la gente, está esclavizada en Libia. Tenemos que detenerlo. No podemos aceptar que la gente pierda la vida y sufra semejantes abusos».
Pero, si la seguridad de estas personas es realmente su principal preocupación, ¿por qué esos mismos gobiernos no escatiman esfuerzos para contribuir a que las autoridades libias intercepten a quienes intentan venir a Europa? De hecho, en los últimos meses, las instituciones y los gobiernos europeos han incrementado su cooperación con la guardia costera libia para ayudarla a interceptar a personas y llevarlas de vuelta a Libia, apartando la vista de los terribles abusos que esas personas sufrirán allí. Tan sólo en las últimas semanas, Italia ha firmado un nuevo acuerdo sobre control de migración con Libia, y los líderes europeos han declarado reiteradamente –sin ir más lejos, la semana pasada, en el Consejo Europeo– su intención de aumentar su colaboración.
Las acciones actuales para reforzar la guardia costera libia –mediante la provisión de barcos y formación– podrían salvar vidas en el mar. Pero, sin unos esfuerzos significativos para impedir tanto la detención automática de las personas refugiadas y migrantes interceptadas en el mar por los guardacostas como los malos tratos a los que estas personas son sometidas sistemáticamente en Libia, y para proporcionar acceso a protección a quienes piden asilo, esas medidas son un arma de doble filo.
Con cada acuerdo que se anuncia, los líderes europeos transmiten una señal clara de que, al no mantener a estas personas fuera de Libia, realmente no les preocupa la protección de hombres, mujeres, niños y niñas. Al donar barcos a unos guardacostas acusados de actuar en connivencia con traficantes y de golpear a las personas interceptadas en el mar, y al apoyar centros en los que se detiene arbitrariamente y se tortura a gente, su auténtica intención queda clara. De hecho, el impedir que la gente llegue irregularmente a Europa ocupa ahora un lugar tan alto en su agenda que al parecer merece la pena pagar cualquier precio. Las terribles consecuencias de esta ciega actitud son –como Issa sabe demasiado bien– muy reales.
Libia está en medio de una crisis humanitaria, con gran parte del país bajo el control de hecho de grupos armados y bandas criminales. Con un poder judicial débil, la anarquía se ha convertido en norma, y la población civil corre grave peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos. En este contexto, las personas refugiadas y migrantes corren peligro de detención arbitraria, secuestro, malos tratos, violencia sexual y explotación. Aunque los centros de detención en los que se recluye a las personas refugiadas y migrantes están teóricamente gestionados por el gobierno libio, de hecho la mayoría están en manos de grupos armados. Estos grupos usan la presión y la intimidación para que los funcionarios les den vía libre en las redes de tráfico de personas.
Si a los líderes de la UE les importaran de verdad los abusos que sufren las personas refugiadas y migrantes en Libia, les ofrecerían rutas seguras y legales a Europa, especialmente poniendo la admisión humanitaria en Europa a disposición de los miles de personas necesitadas de protección. Y algo crucial: la cooperación con las autoridades libias se centraría en apoyar las medidas para proteger los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en el país, empezando por poner fin a su detención arbitraria y sus malos tratos.
Tras «rescatarlos», se está encarcelando, explotando, torturando y violando a mujeres, hombres, niños y niñas. El hecho de que las decisiones tomadas por los gobiernos europeos contribuyan, de forma directa o indirecta, a alimentar estos abusos debería horrorizarnos a todos.
