El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este martes una propuesta para agilizar los desahucios. Han votado a favor PP y Ciudadanos, así como UPN y Foro Asturias, y la antigua Convergència, que firma la iniciativa. La proposición de ley conlleva modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para permitir el lanzamiento judicial «e inmediata recuperación» de las viviendas cuyos propietarios denuncien que han sido «desposeídos sin su consentimiento», siempre que los dueños sean «personas físicas, entidades sociales y administraciones», lo que deja fuera a los bancos y a las empresas, y sin que los desahuciados puedan pedir medidas cautelares ante los tribunales por estar en situación de vulnerabilidad.
La votación, pasadas las nueve de la noche del martes, se ha saldado con 176 votos a favor, 162 en contra y ninguna abstención.
Convergència justifica la mediada en la existencia de «okupaciones» de inmuebles por la proliferación de «fenómenos mafiosos que perturban» la «propiedad pacífica» de «pequeños propietarios» así como de «organizaciones sociales y de administraciones públicas» quienes, según la exposición de motivos de la proposición de ley, tienen «un porcentaje demasiado elevado» de sus parques de viviendas «ocupado de forma ilegal».
«Por todo ello que conviene articular los mecanismos legales que permitan la garantía y la imperturbabilidad de la propiedad privada de las personas físicas», apunta el texto, que critica que el Código Penal no da una «solución general que trascienda más allá de los supuestos claramente delictivos».
Los puntos que más polémica han suscitado en el debate parlamentario se refieren a que el nuevo articulado de la LEC permitiría el lanzamiento sin escuchar a los desahuciados ni proveer una alternativa habitacional en caso de vulnerabilidad.
La portavoz del PSOE, María del Mar Rominguera Salazar, se ha mostrado de acuerdo con la exposición de motivos pero ha reprochado al PDeCAT el redactado de la proposición de ley. «La propuesta lo único que consigue es agilizar los desahucios», ha señalado Rominguera, quien ha añadido que la propuesta «tiene como finalidad expulsar al ocupante» y no castigar «al extorsionador» en el caso de las mafias. «Las familias más vulnerables por causas sobrevenidas serán las más afectadas», ha zanjado
Desde Unidos Podemos ha sido la diputada de En Comú, Lucía Martín, la que ha defendido el no de su grupo. Martín, que antes de llegar al Congreso era activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha criticado que en el articulado propuesto no haya «ni una sola medida, ni un solo punto, contra las mafias» y ha acusado al PDeCAST de «estigmatizar» a quienes ocupan por necesidad.
«No importa si la propiedad tiene una o 10 pisos, si están vacías, si la vivienda es para alquilar, para un familiar o qué. Tampoco las personas que ocupan: si hay menores o personas dependientes o no; si hay mafia o no; si hay conflicto con vecinos o vecinas. No podrán alegar ninguna circunstancia antes de que se produzca el desahucio. Tampoco se articulan medidas alternativas. Todo el mundo al mismo saco y no dan respuesta efectiva», ha expuesto Martín. «Las mafias van a seguirá aprovechándose de gente más vulnerable», ha zanjado antes de recordar que desde 2008 ha habido «más de 500.000 desahucios.
También se ha posicionado en contra ERC, aunque el debate en el seno del grupo ha sido importante según fuentes parlamentarias. Cataluña, y Barcelona en concreto, es una de las regiones más afectadas por esas supuestas mafias que promueven la ocupación ilegal y violenta de viviendas con afán extorsionador que figura entre los motivos alegados para la proposición de ley.
«Esta proposición no soluciona el problema de la vivienda para miles de personas que han sido desahuciadas», ha señalado la portavoz, Ester Capella. ERC ha recordado que «el 13,7% del parque de viviendas» en España está vacío. «Es el 31% de todas las viviendas vacías que hay en Europa», ha apuntado. Eso sí, Capella ha insistido en que «ERC defiende el derecho a la propiedad privada».
La proposición de ley iniciará ahora la tramitación ordinaria en el Congreso, por lo que deberá pasar por comisión y volver al Pleno una vez que se haya enmendado. Tanto PP como Ciudadanos han apuntado a que irán más allá de lo defendido por la antigua Convergència.
«Hay que romper los topicazos. Algunos quieren imponer el derecho a la vivienda siempre que no sea el de ellos», ha arrancado el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de tener entre sus «protegidos» al «movimiento okupa».
Girauta ha asegurado que en la fase de enmiendas su grupo intentará que se introduzca a «las personas jurídicas», es decir, a las empresas. Esto supondría que se podrían acoger a esta modalidad de desahucio bancos o grandes propietarios. «Rompamos topicazos, hay desahucios y desahucios, ocupaciones y ocupaciones», ha zanjado el portavoz de Ciudadanos.
Similar ha sido la argumentación del PP. Su portavoz en la materia, Ana María Zurita, ha criticado que algunos «creen que no tener vivienda se soluciona ocupando la de otro» y ha apuntado algunos datos al respecto de las ocupaciones ilegales: «En Madrid hay 1.400 viviendas ocupadas, un 85% en la capital». Según el INE, en la Comunidad de Madrid había 2,5 millones de hogares. Esas 1.400 viviendas ocupadas representarían un 0,05% del total.
En cuanto a Barcelona, Zurita ha asegurado que las ocupaciones han crecido «un 60% en el último semestre de 2016″. Y ha atacado a Unidos Podemos y al espacio político articulado alrededor: Los Ayuntamientos del Cambio amparan estas prácticas ilegales en vez de utilizar las herramientas para fomentar la vivienda».
Zurita también ha apelado a la herencia recibida para responder a quienes critican al PP por no haber solucionado el problema en sus años de mayoría absoluta: «Los desahucios fueron un problema que nos encontramos».
