Continúa la criminalización del derecho a la vivienda contra las vecinas de la Corrala La Guevara , sita en calle Ladrón de Guevara, que fue recuperada a la banca a finales del 2013 tras el desalojo de la Corrala Buena Ventura.
El próximo jueves 16 de marzo, juzgan a Pepe; el jueves 23 de marzo a Encarni y Añoño; el 28 de marzo a Yanira y Jose. Todas con menores a su cargo. Y el día 30 de marzo, juicio contra la Comunidad de la Esperanza. Y los que están por fechar.
Es intolerable la indefensión que sufrimos las prekarias frente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en complicidad con el poder financiero y los intereses económicos, por ejercer los derechos recogidos en su Constitución de los que estamos permanentemente privadas.
BANCO POPULAR, cuyo ex-presidente Ángel Ron, se ha jubilado con una pensión de 23 millones de euros, mantiene el proceso de desposesión contra las habitantes de la Guevara, QUEBRANTANDO EL ACUERDO alcanzado entre la entidad y las familias en exclusión social cuando se realojaron en dicho edificio de 5 viviendas con voluntad demostrada de negociación y diálogo.
Si no lo evitamos con grandes dosis de solidaridad, movilización, presión y denuncia social, las vecinas imputadas serán expulsadas de su hogar y condenadas a multas que, de no ser pagadas, supondrían privación de libertad. Y serán seguidas por el resto de habitantes de otros tantos espacios similares.
Que el Banco Popular abandone la piel de cordero rompiendo con su aparente actitud conciliadora, no es un hecho aislado. Otras okupaciones en Málaga que se mantenían estables y en proceso de negociación están siendo seriamente amenazadas. Como la Corrala La Suerte, propiedad de la Sareb, La Comunidad de La Esperanza, Las Luchadoras de Banco Sabadell, etc…
Bajo el espejismo de la recuperación de la economía y de los brotes verdes, se está dando una oleada represiva contra quienes ejercen el derecho a la vivienda y las necesidades más básicas al margen de soluciones institucionales inexistentes. Esto se acompaña del aceleramiento de los procesos judiciales, que acaban en desahucios y desposesión de estos derechos de manera mucho más rápida ahora, tras la reforma del código penal, cuando se trata de procesos de lo que ellos llaman “usurpación”.
Para seguir especulando sin límite y haciendo negocio con los recursos de todas como antes de la estafa financiera, necesitan manipular la opinión pública mediante campañas de demonización mediática contra el movimiento de recuperación de viviendas y los movimientos sociales en general, los cuales gozan de gran apoyo popular. Especialmente, a raíz de la pérdida de prestigio y legitimidad de gobiernos, instituciones y poderes financieros que, entre otras causas, dio lugar al 15M.
Necesitan de la represión y de la manipulación para seguir campando a sus anchas pero, no contentos, tejen alianzas con mafias profesionales de la violencia y la intimidación, que gozan de complicidad y e impunidad. Como los “desokupas”, bandas organizadas para desalojar por la “vía rápida” a los habitantes de inmuebles rekuperados.
Si la okupación deja de ser una alternativa para la gente más precaria, ¿Qué vamos a hacer las personas privadas de recursos? ¿Aumentar exponencialmente la población de los albergues municipales, las cárceles y los centros de menores, todos ellos espacios de deshumanización?
ESPECULADOR@S NO PASARÁN!!
STOP DESAHUCIOS, STOP REPRESIÓN!!
AMNISTÍA SOCIAL YA!!
