El Secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO, Félix Martín, ha informado que “nuestros servicios jurídicos interpusieron demanda contra la Consejería de Educación, a la Agencia Pública Andaluza de Educación, así como, a las empresas adjudicatarias del Servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Tras la celebración del juicio y posterior recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha condenado a la Junta de Andalucía por practicar la cesión ilegal de trabajadores/as en centros públicos de la comunidad.”
CCOO, afirma que “el objetivo que persigue la Junta con dicha cesión ilegal, es evitar que la relación laboral se rija por el VI Convenio del personal laboral, que garantiza unas condiciones laborales dignas. La Junta de Andalucía tiende a privatizar, para evitar la estabilidad en el empleo. De esta forma las empresas privadas precarizan las condiciones de las plantillas, para obtener mayor beneficio, en detrimento de la calidad.”
Martín ha informado que “la sentencia, además de la cesión ilegal de trabajadores/as, afirma que se produce un perjuicio económico contra Servicio Público de Empleo Estatal, al producirse, por parte de la empresa subcontratada, la baja de las plantillas en los meses estivales, pasando a cobrar la prestación por desempleo durante”.
CCOO afirma que “la Junta de Andalucía debería afrontar el pago de las vacaciones de estos trabajadores y trabajadoras, que deberían formar parte de la plantilla de la administración como empleo público, y no enmascarar la relación laboral para la prestación de un servicio público a través de una empresa privada”.
“En Málaga esta sentencia afecta a 117 monitores y monitoras de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, que actualmente con contratos precarios con empresas externas. Además esta sentencia puede tener una importante repercusión en los trabajadores y trabajadoras de otros servicios educativos externalizados que tienen condiciones laborales similares” ha manifestado Martín.
CCOO resalta otro fragmento de la sentencia donde se recoge el Tribunal, en aplicación a las leyes establecidas, concluye que “el profesorado y el personal cualificado para atender al alumnado con necesidades educativas especiales es un personal estructural de los centros públicos de educación; y, en consecuencia, la competencia para su contratación corresponde a la Consejería de Educación”.
La organización sindical “exige el cese de manera inmediata de la contratación de este servicio mediante empresas privadas y la conversión en empleo público de los 850 puestos de trabajo generados mediante esa privatización –con contrataciones a jornada completa y duración anual—, dando a la vez soluciones laborales al personal afectado.”
CCOO no descarta movilizaciones, si la Junta de Andalucía no hiciera efectiva la aplicación de la sentencia.
