Decenas de vecinos del Valle de Roya, situado en la frontera francoitaliana, alojan y ayudan a circular a los migrantes que arriesgaron su vida en el Mediterráneo.
Este acto de solidaridad puede conllevar penas de prisión y multas, salvo que se actúe “para preservar la dignidad de los inmigrantes”.
“Les resulta muy complicado llegar a Francia. Es un viaje que los hiere a nivel físico y psicológico”, dice un campesino al que piden 8 meses de prisión.
Por Enric Bonet para Desalambre
Una casita blanca se vislumbra en medio de una colina, en lo alto de un camino de piedras y arbustos. Es el hogar de Cédric Herrou, 37 años, un campesino que en 2004 decidió irse a vivir al campo “porque quería estar solo y tener una vida tranquila”, pero que ahora se ha convertido en un referente de la Francia más solidaria con los refugiados.
“Desde mayo, se han alojado varios centenares de personas en mi casa”, asegura Hérrou. Situado en las afueras de la localidad de Breil-sur-Roya, a apenas siete kilómetros de la frontera entre Francia e Italia, su domicilio se ha transformado en un lugar de paso obligado para muchos de los migrantes que alcanzan el territorio francés de forma clandestina.
Las autoridades francesas restablecieron en junio de 2015 los controles en las carreteras y trenes que comunican Italia con Francia. La vigilancia fronteriza se acentuó después del atentado de Niza del 14 de julio. “Para todas aquellas personas que tengan una apariencia sudanesa o eritrea, la frontera está cerrada”, afirma Hubert Jourdan, coordinador de la asociación Habitat et Citoyenneté.
Jourdan considera que bajo el pretexto de la amenaza terrorista se impide la libre circulación de los 180.000 refugiados que llegaron el año pasado a Europa a través de la ruta de Libia e Italia, la principal puerta de entrada al continente. Más de 36.000 personas sin documentos de entrada fueron detenidas en 2016 en la frontera francoitaliana, según datos de la prefectura de los Alpes-Marítimos.
“En este valle hay muchos menos controles”
Ante los controles sistemáticos en la frontera, los centenares de migrantes que se encuentran bloqueados en la localidad fronteriza de Ventimiglia –sudaneses y eritreos, la mayoría de ellos– suelen andar de noche siguiendo la vía del tren en medio de las montañas escarpadas. Esta ruta peligrosa –desde agosto del año pasado se han producido cinco accidentes ferroviarios, uno de ellos mortal– los lleva hasta el valle del río Roya.
Este enclave de los Alpes-Marítimos, compuesto por cinco pequeños municipios, se caracteriza por su afiliación comunista. Representa un puntito rojo en medio de una región profundamente conservadora, donde los barones regionales son Eric Ciotti y Christian Estrosi, dos lugartenientes del expresidente Sarkozy que se oponen de forma radical a la inmigración.
“En este valle hay muchos menos controles que en el resto del departamento (provincia) de los Alpes-Marítimos”, afirma Sylvain Gogois, un profesor de Educación Física jubilado que ha llegado a acoger hasta diez refugiados al mismo tiempo en su casa. Junto a más de un centenar de habitantes del Valle del Roya –Cédric Herrou entre ellos–, Gogois participa en la asociación Roya Citoyenne. Desde el pasado verano, esta agrupación de vecinos da comida, ofrece cobijo y ayuda a transportar a las varias decenas de inmigrantes clandestinos que llegan cada día a esta zona montañosa.
“Cuando estaba en la estación de tren de Breil-sur-Roya, se me acercó una mujer que me dijo que ese lugar era peligroso y me llevó hasta la casa de Cédric de Herrou”, explica Goitom Gebrselassie, de 18 años. Este eritreo anduvo durante más de dos días desde Ventimiglia hasta que fue alojado en el domicilio de Herrou, donde duerme en una caravana en su jardín.
“Aquí nos tratan mejor que en el campo de la Cruz Roja. Dormimos tranquilos, comemos lo que queremos”, asegura Moussa Suleyman, de 17 años. Durante las dos semanas que pasó en Ventimiglia, este joven del Chad fue detenido en dos ocasiones por la policía fronteriza. Aunque la legislación francesa indica que cualquier menor en territorio nacional debe ser acogido por los servicios sociales, las extradiciones de los menores son constantes.
“Nos vemos obligados a realizar tareas que deberían ser competencia del Estado”, critica Patricia Cadoret, que trabaja como enfermera voluntaria en el Valle del Roya para Médicos Sin Fronteras. Lamenta la ausencia de lugares de acogida para refugiados en los Alpes-Marítimos, el único departamento de toda Francia donde las autoridades locales se negaron a instalar Centros de Acogida y Orientación (CAO).
Lo que más le inquieta son las dificultades que se encuentran para transportar a los migrantes que necesitan asistencia médica: “Cuando nos encontramos con alguno que tiene una caries, no lo podemos llevar al dentista por el miedo a ser detenidos por la policía”.
Una “red espontánea” que transporta refugiados
Además de la presencia de policías y militares en los puestos fronterizos, en el departamento de los Alpes-Marítimos hay trece puntos de paso autorizados, donde se impide el paso a todos los migrantes en situación irregular que circulen por ellos. También existen controles en prácticamente todas las estaciones de trenes de esta región. Ese amplio dispositivo de seguridad permitió el año pasado la detención de más de cien traficantes de personas, pero también persigue a los refugiados que viven desde hace semanas en el departamento, según los activistas.
“Intentamos transportar a los inmigrantes del Valle del Roya hasta otras regiones de Francia”, explica Herrou, quien critica el riesgo que corren de ser deportados a Italia si piden asilo en este departamento. Pese a la firmeza de los controles en la frontera, asegura haber llevado a “varios centenares de personas de Italia a Francia”.
Ayudar a un extranjero sin papeles a entrar en territorio francés es delito, pero Herrou considera legítimas sus acciones: “Les resulta muy complicado llegar a Francia. Es un viaje que los hiere a nivel físico y psicológico”. En 2016, cinco personas murieron mientras intentaban cruzar la frontera francoitaliana.
Yadyllo Cereno reside desde hace más de tres meses en el centro de acogida que Cáritas ha instalado en el subsuelo de la iglesia de Sant’Antonio en Ventimiglia. Este guineano de apenas 16 años ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar el territorio francés, pero la policía francesa siempre lo ha detenido. “Les dije a los agentes que era menor de edad, pero me respondieron que la situación es la misma para los menores que para los mayores”, relata.
“La única vez en la que los ayudé a traspasar la frontera fue porque me encontré a un grupo de menores guineanos que querían ir hasta Grenoble para reencontrarse con sus padres”, explica Gogois.
“Existe una red espontánea de personas que se dedica a transportar a los refugiados”, afirma Teresa Maffeis, fundadora de la Asociación por la Democracia en Niza. Reconoce que a menudo los voluntarios se organizan para saber en qué zonas hay controles, aunque no es así en todos los casos: “Una mujer me explicó que una vez fue a Ventimiglia para dar comida a Cáritas y allí decidió recoger a un grupo de inmigrantes a los que tuvo durante unos días en su casa”.
Detenido por llevar a tres eritreas a un hospital
El 16 de octubre, mientras circulaba en coche acompañado de su hija de doce años por el Valle del Roya, Pierre-Alain Mannoni se cruzó con un grupo de cuatro jóvenes sudaneses. Este profesor universitario decidió arriesgarse a recogerlos en la carretera y alojarlos durante una noche en su casa. Al día siguiente intentó hacer lo mismo con tres chicas eritreas. “Estaban cansadas, heridas y necesitaban asistencia médica”, asegura. Las había conocido en un centro de acogida improvisado que la gente de Roya Citoyenne había abierto ese mismo día y que fue cerrado tres días más tarde por las autoridades.
Sin embargo, en esta ocasión la policía lo detuvo a las tres de la madrugada en un peaje de la autopista en las afueras de Niza. Lo esposaron y lo tuvieron retenido durante 36 horas en la comisaría. Dos de las chicas fueron devueltas a territorio italiano y a la otra, que era menor, según le dijeron, “la enviaron a un centro de acogida”, aunque duda de que sea verdad.
Al salir de la comisaría, le requisaron su vehículo personal –que aún no le han devuelto– y le prohibieron salir de Niza durante 35 días. El fiscal pide seis meses de prisión condicional por esta infracción. “Me parece que es una forma de intimidación muy perversa”, critica Mannoni. “Después de haber hablado conmigo, los agentes vieron rápidamente que no era un traficante de personas”, añade.
Además de Mannoni, otros once militantes –la mayoría de ellos vinculados a Roya Citoyenne– han sido imputados por haber transportado a inmigrantes. El campesino Cédric Herrou es uno de ellos. Lo acusan de haber permitido la entrada de 200 personas al territorio francés y haber organizado un campamento de acogida ilegal. El fiscal pide por ello ocho meses de prisión condicional.
Habría que añadir a esta lista de ciudadanos sancionados por sus actos de solidaridad a la profesora universitaria ya jubilada Claire Marsol, de 72 años. La sancionaron en diciembre de 2015 con 1.500 euros de multa por ayudar a una mujer y un menor a evadir los controles policiales en la estación de Niza.
Aunque el actual Gobierno socialista suavizó la ley que condena la ayuda a la entrada de los extranjeros en territorio francés, la legislación vigente castiga estos actos con una pena máxima de cinco años de prisión y 30.000 euros de multa. “Pero esta incorpora una cláusula de indemnidad (un eximente) en el caso de que la ayuda al extranjero sea realizada para preservar su dignidad”, explica Mirelle Damiano, abogada. Según la letrada, “tanto Mannoni como Herrou actuaron para preservar la dignidad de los inmigrantes”.
El 6 de enero la justicia declaró inocente a Mannoni, pero el fiscal recurrió esta sentencia y volverá a ser juzgado a principios de febrero. “Espero que mi caso suponga un precedente para que la policía deje de detener a personas solidarias como yo”, asegura este profesor de Geografía.
El 11 de febrero el juez dictará el veredicto sobre el juicio de Herrou, que comenzó el pasado 4 de enero. “Su caso resulta diferente porque es mucho más mediático”, explica Damiano, quien considera que “las autoridades quieren dar un verdadero mensaje de atención a los ciudadanos para que dejen de actuar de manera solidaria”.
