Livia, Alberto, Lorenzo, Juan o Ana son los nombres, las voces y los rostros de los estudiantes que en el curso 2011-2012 se marcharon de Erasmus como cada septiembre sucede en las universidades de Europa. Salvo porque ellos se embarcaron, sin saberlo, en un conflicto que cinco años más tarde no se ha solucionado. Les deben una gran parte del dinero de sus becas con las que debían marcharse a la extranjero. Y como a ellos, a otros 2.000 alumnos más de la Universidad de Granada a los que la Junta de Andalucía les debería en total cerca de un millón de euros por haber descendido sus ayudas a becarios Erasmus en aquel curso.
Un cambio inesperado en la política de becas en aquel momento provocó que no solo ellos sino otros alumnos de diversas universidades andaluzas como la de Almería o Huelva se viesen obligados a sortear sus estancias Erasmus sin todo el apoyo económico que se les había prometido cuando accedieron a la beca. Un apoyo que se divide en partes por la aportación económica que hacen tanto la Unión Europea como el Ministerio de Educación y finalmente la Junta de Andalucía a través de sus diferentes universidades. Pero una aportación que en 2011 descendió por parte de la Junta sin previo aviso para los alumnos obligando a las diferentes universidades a tener que compensar económicamente la parte que dejaba de pagar el Gobierno andaluz.
En cualquier caso esa decisión no fue anunciada de manera oficial porque, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del año 2008 en el que se regulaban estas becas Erasmus, la Administración andaluza se comprometía a «complementar, con 350 euros aportados por la Junta de Andalucía, la financiación de las ayudas establecidas por la Unión Europea y el Ministerio de Ciencia e Innovación, de manera que se alcance un mínimo de 600 € por mes» y en el caso de que los alumnos además tuviesen acceso a la beca general del Ministerio de Educación, esa cantidad ascendería hasta los 900 euros mensuales.
El cambio no se produjo hasta 2013, un año después de que estos alumnos volviesen de Erasmus, y en el BOJA se pudo leer parte de los argumentos por los que la Junta decidió rebajar su aportación económica: « se ha observado una fuerte disminución en la contribución de las aportaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, programa 323M, Becas y Ayudas a Estudiantes, que acumula una disminución desde 2011 de más de un 40%».
Como se lee, la Junta andaluza entendió en aquel momento que no podía seguir dando la misma cantidad comprometida porque el propio Gobierno central cada vez daba menos dinero a los alumnos de Erasmus. El problema es que Andalucía lo hacía saltándose lo estipulado en su propio BOJA. Aquel movimiento resultó tan inesperado que obligó a que las universidades tuvieran que hacer uso de fondos propios para compensar a sus alumnos. Algunas de ellas sí tenían la posibilidad de pagar la parte que la Junta de Andalucía no estaba dispuesta a poner y sus alumnos no se vieron afectados, pero otras como la Universidad de Granada no.
El problema es que la propia UGR tampoco avisó a sus alumnos de las nuevas condiciones, según denuncian los estudiantes. Estos hicieron sus maletas y se marcharon a sus correspondientes destinos sin ser conscientes de que ni la Junta de Andalucía ni su universidad iban a ingresarles el dinero que habían firmado al acceder a las becas.
Un calvario para los estudiantes
Cuando un estudiante accede a una beca Erasmus lo hace con el convencimiento de que se podrá marchar al extranjero para mejorar sus competencias lingüísticas, conocer otras culturas y aprobar asignaturas que le servirán para obtener su título. Pero cuando un estudiante se marcha de Erasmus no lo hace para ser víctima de una decisión que afecta directamente a sus bolsillos y al de sus familias, tal y como sostienen los alumnos afectados. Por esa misma razón hace dos años que comenzaron una batalla legal contra la Junta de Andalucía que aún hoy sigue en proceso. Un recurso c ontencioso-administrativo contra el Gobierno andaluz con el que buscan que se les ingrese el dinero que dicen que la administración pública les debe.
Para ello aportan hechos y documentos. En primer lugar se centran en que la Universidad de Granada no les informó de manera oficial. Utilizó la web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para explicar el cambio. En él se puede leer que de los 350 euros mensuales acordados por parte de la Junta se pasa a 272 en el caso de los no becarios del MEC, mientras que los que sí disfrutaban de esta ayuda se quedaban en 152 euros mensuales lo que suponía casi 200 euros menos al mes de los que estaban acordados.
Livia, que aquel año cursaba Traducción e Interpretación, recuerda cómo algunos de sus compañeros, entre los que se incluye, «tuvimos que pedir un préstamo para tener dinero durante nuestra estancia». Pues las becas no se pagan en un solo plazo y tampoco mes a mes sino que se abonan fraccionadas. En aquel curso se dieron en diferentes plazos: diciembre, enero, marzo y finalmente diciembre del año siguiente. «Como no nos pagaron, algunos tuvimos que pagar los intereses de demora del préstamo para nuestro Erasmus», explica Juan.
El problema no es solo que no les pagaran lo comprometido, sino que vivir en algunos países durante la estancia Erasmus puede suponer una cantidad de dinero muy elevada para determinadas familias. Y ese problema quedó de manifiesto enseguida. Livia sostiene que «no es lo mismo irse de Erasmus a Rumanía que a Francia, porque en un sitio se puede vivir más cómodamente con menos dinero». El problema es que aquel curso nadie sabía que los que se fueron a destinos algo más exigentes económicamente lo pasarían mal. «Los que nos fuimos aquel año contábamos con poder vivir tranquilamente sin miedo a quedarnos sin dinero», añade. De hecho, no todos los alumnos solicitaron préstamos al suponer que la beca cubriría antes o después los gastos.
Alberto es uno de los que impulsó la denuncia contra la Junta porque a su juicio, «nos hemos sentido menospreciados en todo momento». Él se enteró en diciembre de 2012, un año después de irse de Erasmus, que no cobraría el dinero que le habían prometido. Él, como otros tantos, no supo del mensaje que la Universidad de Granada había colgado en una de sus webs para avisar de un cambio tan drástico que afectaba a los bolsillos de los estudiantes cuando ya no había marcha atrás. Por eso decidieron en primer lugar reunirse con la propia universidad y después con el ente andaluz para llegar a un acuerdo. Pero Alberto recuerda que durante dichas reuniones «se pasaban la pelota de unos a otros, nos daban la razón pero intentaban que nos olvidásemos del tema porque nos veían jóvenes».
Una denuncia por falta de soluciones
Como los alumnos se sintieron indefensos y en algunos casos bordearon una situación económica complicada, tuvieron que tomar medidas. Dado que las soluciones no llegaban por parte de la Junta y la que aportaba la Universidad de Granada era pequeña -apenas una beca de compensación para rentas muy bajas a las que casi ningún alumno de aquel curso pudo aspirar- los afectados se unieron para denunciar directamente a la Junta de Andalucía, no sin «miedo por las represalias que podíamos sufrir en nuestras carreras si se enteraban que estábamos luchando contra la Universidad», confiesa Alberto.
La denuncia se formuló en 2014 por un grupo de 200 afectados y desde entonces el proceso judicial continúa. Los alumnos siguen sin haber recibido su dinero y ni Universidad de Granada ni Junta quieren valorar la misma por «respeto al procedimiento». La institución académica añade además que ellos solo participan como testigos al aportar la documentación que se les ha solicitado y que en 2015 la Justicia les dio la razón contra un alumno que presentó un recurso reclamando que la UGR pagase. Por su parte el Gobierno andaluz obvia hablar del asunto aunque deslizan que todo tuvo su origen en la disminución del importe que el Ministerio de Educación hizo aquel mismo año.
Lo cierto es que cuatro años después de volver los alumnos andaluces de Erasmus, 2.000 de ellos aún no han visto el dinero que legítimamente les corresponde según el propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 2008, que era el que estaba en vigor en el curso 2011-12 en el que se marcharon a estudiar fuera de España. Que algunos de ellos han tenido que recurrir a ayudas económicas de familiares para poder hacer frente a su estancia en el extranjero de entonces y a los intereses por no haber devuelto la beca de después y que en todo caso ni UGR ni Junta han hecho nada por solucionarlo.
«No queremos que esto se politice porque somos muchos alumnos de diferentes opiniones políticas los que estamos afectados y nos da igual que alguien lo quiera usar como arma arrojadiza porque lo que nosotros reclamamos es que se respeten nuestros derechos», asegura Alberto, uno de los impulsores de la denuncia. Pues para él y para todos sus compañeros, la situación está muy clara: «si nosotros cumplimos con nuestra parte del contrato, exigimos que ellos hagan lo mismo con la suya». Por eso no es de extrañar que algunos de los que entonces no se atrevieron a denunciar expliquen ahora a eldiario.es Andalucía que están dispuestos a ir hasta el final porque se haga justicia con ellos.
