Febrero va a ser un mes muy intenso para Albert Rivera, tanto a nivel político como en el ámbito parlamentario. El primer fin de semana de ese mes su partido celebra su congreso, la IV Asamblea General, a la que el líder de Ciudadanos llegará sabiendo ya si ha sido revalidado en el cargo por la militancia. Pero también en el Congreso de los Diputados va a mantener una gran actividad. Su objetivo es que Mariano Rajoy cumpla en el nuevo periodo de sesiones al menos seis de las medidas que considera más urgentes del pacto de investidura.
En Ciudadanos recuerdan que parte de esas medidas fueron la condición que Rivera le puso encima de la mesa a Rajoy para cambiar de la abstención al ‘sí’, por lo que el presidente no tiene ninguna excusa para no cumplirlas. Además, creen que es hora de hacer valer ese apoyo y que no les vuelva a ocurrir lo que en estos primeros meses, que han sido desplazados por el PSOE en negociaciones de calado, como el techo de gasto, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la pobreza energética.
Por eso, esta vez quieren comprobar si es verdad la sentencia que realizó el presidente del Gobierno en su comparecencia en la Moncloa para hacer balance político de fin de año, en la que apostó por que la legislatura sea larga y afirmó que«Ciudadanos es el socio preferente». Hasta ahora no ha sido así.
Para vigilar el cumplimiento del pacto, el partido de Rivera ya ha anunciado que celebrará una primera reunión de seguimiento al volver de Navidad. Además, ha advertido al PP de que tendrá que participar en esa evaluación trimestralmente.
Una comisión sobre la financiación del PP
Una de las pruebas de fuego será la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, que en un principio fue bautizada como comisión sobre el caso Bárcenas, nombre que tuvieron que cambiar a petición del PP. A los populares no les entusiasma la idea y van a intentar que este asunto pueda solventarse dentro de la Comisión de Calidad Democrática contra la Corrupción que ya hay abierta en el Congreso y que preside el diputado de Ciudadanos Toni Cantó.
Si no lo consiguen, apuestan por que esa nueva comisión se centre en una investigación sobre la financiación que afecte a todos los partidos y no solo a ellos, con la idea de que las conclusiones que se extraigan no se centren únicamente en el PP. Pero ahí parece que Rivera será inflexible. En Ciudadanos afirman que están dispuestos a llamar a comparecer a Rajoy.
Reforma exprés de la Constitución
Otra de las medidas que Rivera quiere abordar de inmediato es la reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos de los políticos y de otras figuras institucionales. Podemos quiere que se vaya más lejos y aprovechar para hacer cambios sobre el encaje territorial, que tendrían que ser sometidos a referéndum. Y a eso se niega en rotundo el PP. Ciudadanos, por su parte, considera que una reforma de mayor calado de la Carta Magna requiere de mayor calma y de un amplio consenso que ahora no se da.
Dado que el tema sobre los aforamientos es en sí mismo complejo, para estudiarlo ya hay solicitada una subcomisión, dentro de la Comisión Constitucional, en la que comparecerán los expertos para elaborar un documento que recoja las reformas legislativas necesarias. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pintó el asunto muy complicado durante una sesión de control al Gobierno, a preguntas precisamente de Rivera.
«Hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, 15.000 entre jueces y fiscales, 263.00 aforados parciales que pertenecen a las Fuerzas de Seguridad de Estado y hay que acompasar la reforma de la Constitución con la de los Estatutos de Autonomía, las leyes del Poder Judicial y la del Defensor del Pueblo», dijo la vicepresidenta.
La limitación de mandatos, descafeinada
La reforma de la ley electoral será igualmente una medida que quiere impulsar de inmediato Ciudadanos, a la que en las últimas elecciones echó la culpa de los malos resultados. Los de Rivera quieren un reparto más justo de asignación de escaños en función de los resultados electorales, y listas desbloqueadas «para que la gente pueda votar personas y no sólo partidos». También «que se ponga fin al laberinto del voto rogado» para facilitar la participación electoral de los residentes españoles en el extranjero. Esta ley fue reformada en 2011 por el PP y el PSOE precisamente para introducir el voto rogado. Luego ambos partidos se comprometieron a eliminarlo pero nunca lo han cumplido.
Otra de las reformas que ya ha sido anunciada por el partido naranja es la Ley del Gobierno. Pero muy descafeinada. Pese a que Rivera había hecho bandera de esta medida porque supondría el fin de la era Rajoy, el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha aclarado que la limitación a dos mandatos o a ocho años que propugnaban no se aplicaría con la reforma «con efectos retroactivos». Eso supone que Rajoy podría volver a presentarse a un tercer mandato y permanecer en el cargo, si saliera elegido, un total de doce años.
Casualmente, poco antes de que Villegas hiciera esa precisión, el propio vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, había afirmado que «veía a Rajoy gobernando doce años». Villegas replicó que «no sería bueno» que Rajoy estuviera otros cuatro años en la Moncloa, mientras le emplazaba a seguir el ejemplo de José María Aznar, que se retiró tras ser presidente de Gobierno durante ocho años.
Sin consenso en la oposición sobre Educación
Ciudadanos también quiere que se impulse cuanto antes un pacto por la Educación que «mire a una generación y no a una legislatura». Su pretensión es que la reforma del sistema educativo vaya acompañada de «una mayor formación para los profesores, mayor inversión e igualdad de oportunidades, más autonomía de los centros y el impulso de la formación en valores cívicos».
Su propuesta no cuenta con el consenso de los demás grupos de la oposición pero salva al Gobierno de la derogación o suspensión de la ley que impulsó el anterior ministro de Educación, Juan Ignacio Wert. El Congreso aprobó a mediados de noviembre la toma en consideración de una proposición del ley del PSOE para «suspender el calendario de implantación» de la LOMCE. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo amparándose precisamente en que el Gobierno ha aceptado la creación de una subcomisión específica dentro de la comisión de Educación para buscar un pacto de Estado.
Una sexta medida, no menos acuciante para el partido de Rivera, es que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una inversión para políticas sociales de los 3.850 millones comprometidos por Rajoy, pese a que en el acuerdo se hablaba de 5.000, y un «cambio en el modelo laboral» sin llegar a la derogación total de la reforma, como piden el PSOE y Podemos.
El partido de Rivera quiere que esos millones se repartan en dependencia, un plan contra la pobreza infantil, mejorar la calidad de la Justicia o I+D+I. En cuanto a los cambios de reforma laboral, las diferencias con el PP no son insalvables, dado que ambos partidos coinciden en muchas cosas. Ciudadanos prioriza la implantación del contrato único, la lucha contra la precariedad laboral y un cheque para la formación de los jóvenes.
El secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, advirtió la semana pasada al PP de que si no quiere negociar esas exigencias del acuerdo de investidura, «las pactaremos con la oposición para sacarlas adelante». «El PP no tiene capacidad para seguir bloqueando las reformas que España necesita», recordó Gutiérrez, pese a saber que las diferencias con Podemos e incluso con el PSOE, son, en muchos de estos aspectos, muy grandes.
